Fiscala justifica negativa a extractos de llamadas en caso Rodrigo Quintana

La fiscala Raquel Fernández justificó hoy ante el pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistradas (JEM) la negativa a solicitar el extracto de llamadas de las personas que se comunicaron con el entonces comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, en la noche de asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana en la sede del PLRA. Es enjuiciada junto al juez Alcides Corbeta.

Fiscala María Raquel Fernández.Gentileza
audima

La fiscala Raquel Fernández presentó esta tarde sus alegatos de defensa ante los miembros del JEM, en la investigación en su contra por sospechas de mal desempeño de funciones en la caso del homicidio del joven Rodrigo Quintana, informó el periodista de ABC Cardinal Eduardo Giménez. Ante el pleno del Jurado, justificó por qué cuando estuvo al frente de la investigación no solicitó los extractos de llamadas entrantes y salientes de distintas personas que han tenido comunicación con el entonces comandante de la Policía Nacional, el Críspulo Sotelo.

“El Ministerio Público contaba con extractos de llamadas entrantes y salientes de las personas imputadas en el marco de la causa (...), así como también el extractos de llamadas entrantes y salientes del comisario Críspulo Sotelo, no así los informes de los teléfono celulares solicitados por el representante de querella adhesiva, en su oportunidad el doctor Guillermo Duarte Cacavelos”, dijo.

La representante del Ministerio Público fue denunciada por el entonces miembro del JEM, Eduardo Petta, junto al juez penal de garantías Alcides Corbeta, quien avaló la negativa de la agente fiscal de solicitar el cruce de llamadas.

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“La teoría del caso construida por Ministerio Público había sido diferente al de la querella. Sin embargo, la querella construyó y utilizó la prensa, haciendo creer una historia de fantasía que llegó al cabo de mezclar las cuestiones políticas con las cuestiones jurídicas que se estaba tratando dentro de la causa penal”, dijo también Raquel Fernández.

La querella adhesiva pedía los extractos de las llamadas que varias autoridades realizaron al entonces comandante Sotelo, por sospechas de que se ordenó el atropello al local del PLRA, donde fue asesinado Rodrigo Quintana, el 31 de marzo del 2017.

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