El asesinato de Dorisel Marecos, en plena institución educativa donde trabajaba a manos de su pareja, el suboficial primero de Policía, Héver Gómez, quién luego se quitó la vida, no debería de quedar como un caso cerrado.
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Justamente hoy, antes del horrendo crimen, llegó a la comisaría donde trabajaba Gómez un oficio de exclusión del hogar contra el hombre, firmada por una jueza de Paz, haciendo lugar al pedido de la víctima para que el sujeto abandone la vivienda familiar, ante anteriores hechos de violencia sufridos.
“Es una denuncia por violencia que me dicen los asistentes, yo desconozco porque no es mi causa”, indicó el fiscal Eduardo Alegre, a quién dijo no estar informado aún sobre los antecedentes de violencia denunciados ya que interina la Unidad Fiscal y quién hoy le cupo investigar el asesinato.
“Hay un protocolo a seguir, imagino que el fiscal interviniente siguió el protocolo. En este caso se le comunique al juez de Paz para que tome la medida más rápida que es la exclusión del hogar, es la primera medida, porque hay que entender que no todos los hechos son imputables, el fiscal también tiene que tener el tacto suficiente para ver de acuerdo a la descripción de la denuncia si amerita una imputación instantánea o no”, refirió el fiscal.
Las autoridades frecuentemente solicitan a las víctimas denunciar los hechos de violencia, pero este tipo de casos demuestran otra problemática, que es el hecho de saber si las instituciones del Estado son capaces de garantizar o no la vida de las mujeres que se atreven a actuar contra sus agresores. Mientras tanto, en este caso, Marecos engrosa la lista de víctimas fatales de feminicidio y los hijos de la pareja, la suma de huérfanos por este flagelo social.