Los exámenes de correspondencia de las declaraciones juradas del ministro de Desarrollo Social Mario Varela; del ministro de Educación Eduardo Petta; de la titular de la cartera de Trabajo, Carla Bacigalupo; de la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz; del titular del Ministerio de Urbanismo, Dany Durand y del exministro de Agricultura Denis Lichi arrojaron irregularidades e inconsistencias, según las investigaciones desarrolladas por la Contraloría.
Debido a ello, se elevó un reporte al Ministerio Público con los dictámenes de cada caso además de las carpetas donde se incluyen los reportes, los documentos donde constan los procesos de veracidad, análisis y examen de correspondencia y copias de las declaraciones juradas que fueron analizadas.
“La Dirección encargada de tan delicada investigación ha concluido que existen situaciones que podrían encuadrarse dentro de la Ley N° 2523/04 ‘Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la Función Pública y el tráfico de influencias y hechos punibles contra la Prueba Documental’”, reza la nota que firmada por Camilo Benítez, contralor general de la República, dirigida a la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez.
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, aclaró en comunicación con ABC Color que a raíz de las inconsistencias encontradas en los informes se formuló el reporte a la Fiscalía, tal como está establecido por reglamento. “La Cámara de Senadores había solicitado el examen de correspondencia de varias autoridades del Ejecutivo, del Poder Judicial y varios otros. El trabajo arrojó que unas personas no tuvieron consistencia en sus bienes y otras veracidad, y eso reportamos al Ministerio Público”, mencionó.
Las investigaciones desarrolladas por la Contraloría fueron hechas a pedido de la Cámara de Senadores. Actualmente iniciarán este proceso con viceministros, consejeros de la binacionales, presidentes de entes y también directores de las Unidades Operativas de Contrataciones (UOC).
Con la remisión de dicho reporte a la Fiscalía queda en manos de esta institución la continuidad a los análisis y verificaciones.
En comunicación con ABC Cardinal 730AM, Torres detalló algunas de las inconsistencias encontradas en las investigaciones.
Sobre la ministra Nilda Romero, indicó que encontraron diferencias entre lo percibido y lo declarado. Alegó que la diferencia patrimonial es aproximada a los G. 500 millones, monto que podría aumentar con el peritaje del Ministerio Público. Afirmó que también tuvo un incremento en inmuebles justificados por una plusvalía, pero igual no coincide con lo declarado.
Con relación a la ministra Carla Bacigalupo, señaló que esta no incluyó dentro de sus declaraciones bienes inmuebles ni vehículos de su cónyuge. Tampoco declaró una deuda correspondiente a un vehículo pagadero en su totalidad en el 2021.
En el caso de Eduardo Petta, durante la investigación constataron que es propietario de 12 inmuebles pero solo declaró cinco de ellos. Esto según el cruce de información hecho con documentos proveídos por la dirección de Registros Públicos.
En los registros de Dany Durand, la Contraloría encontró que durante uno de los años examinados, la relación entre sus ingresos y egresos no coincidieron. Además, el ministro cuenta con ingresos fuera de la función pública que no fueron declarados. La irregularidad en su caso es sobre la veracidad de sus declaraciones.
Torres dijo que en el caso de Denis Lichi, realizaron un examen de veracidad de sus declaraciones porque la Contraloría no tiene las atribuciones para realizar correspondencia particulares. Si encontraron que posee algunas acciones que no fueron registradas en su tributación.
“Mario Varela, inconsistencia entre sus ingresos y los bienes declarado”, alegó. Varela es el ministro que presenta mayores irregularidades e inconsistencias en el examen hecho por la Contraloría, en palabras de Torres.
El caso más leve sería el del caso de Dany Durand, según manifestó.
Varela alega que pudo tratarse de un “error”
El ministro de Desarrollo Social y exgobernador de Caaguazú, Mario Varela, si bien aún no recibió los puntos objetados por Contraloría, cree saber cual pudo haber sido el problema: Una vivienda que su esposa recibió como “herencia” y que adjuntaron en su declaración.
“Nosotros tenemos una vivienda que es herencia de mi señora esposa y hemos declarado también y es muy probable que se haya imputado como una compra”, justificó, a la vez de afirmar que no tiene temor a los controles y aclararán lo que corresponda.
Como es el que mayores objeciones tuvo en su declaración jurada, dijo que este pudo haber sido el inconveniente u otro pero “siempre se tiene que evaluar si se hizo dolosamente o si fue una omisión culposa, pero mala fe no hubo”.
El mismo dijo, en comunicación con radio ABC Cardinal 730AM, que tampoco pueden descartar que haya un trasfondo político ya que es una “persona que trabaja mucho en el interior del país”, pero insistió en que no tiene temor, puesto que incluso su anterior administración como gobernador fue “la más auditada de todas”, puesto que era el único jefe departamental disidente durante el gobierno de Horacio Cartes.
Insistió reiteradas veces en que no tiene nada que ocultar y recurrió a la trillada frase para estos casos: “El que nada debe, nada teme”.