La abogada Romina Rolón comentó que la acción es contra una resolución de la Intendencia y otra de la Junta Municipal, a través de las cuales declararon a la ciudad “provida y profamilia” y prohibieron una movilización del colectivo LGTBI.
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“La vulneración de derechos constitucionales es amplia, desde la libertad de expresión, del derecho a la manifestación pacífica, de la igualdad de las personas”, justificó la abogada. Sostuvo que la acción pretende declarar inaplicables y nulas ambas resoluciones.
Durante la marcha del 30 de setiembre se produjeron incidentes atribuidos a grupos “profamilia”, a quienes acusaron de lanzar piedras contra los que participaban del evento. Incluso, se registraron heridos, pero no hubo prácticamente intervención policial ni tampoco detenidos.
Sandra Miranda (Patria Querida), concejala departamental de Alto Paraná, manifestó días atrás que le parecía “perfecto” que se prohíba el festival que planea la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en Ciudad del Este, con el argumento de que no se vela por los derechos de los niños.