Lucas Daniel Cañete Silva (20) lleva más de dos años preso porque fue acusado por robo agravado, que tiene una pena de entre 5 y 15 años de cárcel. Hasta hace dos meses, toda persona imputada por un supuesto delito con más de cinco años de expectativa no podía acogerse al beneficio de medidas alternativas a la prisión. Grande fue la sorpresa en su juicio cuando un testigo confesó que un policía la indujo a decir que el sospechoso tenía un arma blanca a fin de que permaneciera más años en la cárcel.
Hoy se informó que el joven, que robó un par de championes y ropas cuando tenía 18 años, finalmente fue condenado a tres años y medio por robo simple al cambiar “a los 90 minutos” la acusación. Pero el procesado -según nuestro Estado de derecho- debería haber tenido la garantía constitucional de litigar en libertad y cumplir su pena una vez que la sentencia estuviera firme. La evidencia falsa fue determinante para que quede arrestado todo este tiempo.
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Hoy también el Juzgado le concedió al exsenador Óscar González Daher, a su hijo Rubén González Chaves y al expresidente del Indert Justo Cárdenas permiso para que salgan de sus casas, donde guardan arresto domiciliario, “para que puedan trabajar”. González Daher y su hijo están acusados de enriquecerse y lavar casi G. 60.000 millones del erario público, en tanto que Cárdenas no puede justificar G. 2.600 millones de su patrimonio que se sospecha que también salieron de las arcas del Estado. Los tres estuvieron solo 8 meses presos y ahora están en sus casas aguardando juicio, mientras que Lucas Cañete pasó dos años preso mientras esperaba su juicio por robar championes.
Es obvio que el joven ladrón debe ser castigado conforme a la ley, al igual que los políticos corruptos. Pero en la Justicia el que tiene menos poder y menos recursos para defenderse, como Lucas Cañete, que era pobre, poblador de un bañado y era representado por una defensora pública (María Lourdes Benítez), no tiene el mismo trato que, por ejemplo, González Daher, su hijo y Cárdenas, quienes disponen de contactos políticos, influencias y los bufetes de abogados más “prestigiosos” en cuanto a defender a delincuentes de guante blanco.
<b>Un repaso rápido de algunos casos bagatelarios:</b>
- En abril pasado dos hombres fueron enviados a la cárcel por supuestos actos exhibicionistas, a pesar de que la pena es excarcelable. Pero como uno de los requisitos es presentar un certificado de vida y residencia, terminaron en prisión porque fueron arrestados un fin de semana y no se pudo conseguir la documentación hasta el lunes.
- La Fiscalía pidió y mantuvo por más de un año en prisión a tres personas por robar un balde de pintura, dos piolas, una pala, un compresor de aire y una escalera de aluminio, pero en abril pasado tras terminar la investigación pidió el sobreseimiento de los procesados por no poder sostener una acusación.
- En abril último también recuperó su libertad una persona investigada por el hurto de seis chapas de madera terciada de 1,5 x 2 metros, que ni siquiera fueron halladas en su poder. Estuvo casi seis meses en prisión preventiva y logró el levantamiento de la medida porque un abogado particular llevó el caso a un Tribunal de Apelaciones.
- En febrero ABC informó sobre dos jóvenes llevaban casi dos meses presos por el hurto de 6 botellas de agua y una caja de jugo de un litro. Uno de ellos no pudo acudir al Palacio de Justicia para la audiencia de revisión de medidas en donde podía recuperar su libertad debido a la falta de móvil que los traslade desde el penal.
-En 2017 ABC TV hizo un reportaje sobre una mujer que acababa de ser mamá y que estaba en el Buen Pastor por una investigación de violencia familiar, a pesar de que siendo mujer lactante la ley establece que debe tener medidas alternativas a la prisión. Lo que pasó fue que la Defensoría Pública ni siquiera presentó el certificado de nacimiento de su bebé al Juzgado.
En todos estos casos no se respetó el derecho establecido en la Constitución que determina que la regla es litigar en libertad, y que solamente cuando existe peligro de fuga o obstrucción a la justicia se debe aplicar la prisión preventiva. Pero este derecho es ampliamente esgrimido y defendido por los políticos.
La otra cara de la moneda
El diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete), por ejemplo, está acusado de usar tráfico de influencias para liberar dinero de un narco que era para comprar cocaína. No son championes, terciadas, o baldes de pintura; es sospechoso de tener nexos con la red de narcotraficantes que era liderada por Reinaldo “Cucho” Cabaña. Estuvo 10 meses con prisión preventiva y luego volvió al Congreso.
También tenemos los ejemplos del diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista) imputado por soborno y asociación criminal, ya que se lo escucha en una serie de audios pidiendo coima para lograr una sentencia judicial. O el del diputado Tomás Rivas (ANR, Añetete) investigado por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y otros hechos de corrupción que habría cometidos durante su administración como gobernador de Paraguarí.
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