El viceministro dijo que el paro se suspendió por ahora gracias al diálogo y acciones realizadas para la lucha contra la informalidad, que a partir de ahora seguirá con más fuerza.
Señaló que los gremios “valoraron el esfuerzo y sacrificio” que realizaron para quitar de circulación a buses que operan en la informalidad.
Mencionó que seguirán en una mesa de articulación para combatir las irregularidades en el sector de transporte y reforzar los controles.
Aseguró que antes de la amenaza de paro ya venían trabajando en la regularización del transporte con controles, y habló de 151 buses que ya fueron quitados de circulación por trabajar ilegalmente.
Afirmó que la medida de fuerza se levanta y que los gremios presentaron propuestas que le parecen prudentes.
Mencionó que existen otras instituciones con las que también deben articular esfuerzos para solucionar la informalidad en el transporte, y destacó que la irregularidad no se resuelve en un límite de tiempo, sino todos los días.
Mesa de control de empresas ilegales
Por su parte, César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapam, dijo que solicitaron la eliminación de la competencia del transporte irregular que existe actualmente “avasallando itinerarios que no les corresponden”.
Contó que hoy recibió documentación que avalan que las líneas 18 y 32 ya no operan en el sistema desde hace dos semanas, por lo que solicitó al Viceministerio conformar una mesa para analizar zona por zona cuáles son los internos que ocupan ilegalmente las líneas denunciadas.
Bajo esas condiciones, Ruiz Díaz dijo que el paro va a “un cuarto intermedio” a fin de que los transportistas acompañen la fiscalización de los transportes ilegales.
Pedidos para la siguiente reunión
Pidieron, por otro lado, que en la siguiente reunión estén presentes referentes del Ministerio de Hacienda “para certificar las denuncias sobre la evasión a las arcas del Estado por parte de empresas que operan sin certificado de cumplimiento tributario”, aseguró Ruiz Díaz.
Además, exigió la presencia de representantes del Instituto de Previsión Social “para demostrar que estos trabajadores no figuran en sus registros”. Además, pidió que en el siguiente encuentro estén presentes funcionarios del Banco Nacional de Fomento “para ver si pueden desmentir que estas empresas deben US$ 5 millones”.
Ruiz Díaz exigió, finalmente, que el Ministerio de Trabajo “denuncie que estas empresas de transporte ni siquiera tienen número de registro patronal para trabajar”.