Con el objetivo de abrir una investigación sobre la condena, el titular del JEM emitió un oficio dirigido a la agente fiscal Claudia Morys, de la Unidad Penal N° 1, especializada en trata de personas y explotación sexual de niños y adolescentes de la Capital.
Asimismo, también emitió otro oficio dirigido al juez Joel Melgarejo Allegretto. En ambos documentos, Bachetta pidió que se remita al Jurado “las compulsas actualizadas del cuaderno de investigación fiscal” que guardan relación con la publicación realizada ayer por este diario sobre la condena a Fredy Vera Estigarribia. El plazo otorgado para responder es de 48 horas.
Consultado al respecto, Bacchetta destacó que “por las características del hecho” decidieron solicitar los expedientes y realizar un estudio “exhaustivo y objetivo” de toda la causa. Asimismo, agregó que van a determinar si el actuar de la fiscala y del juez fueron conformes a la ley.
En este caso, agregó que la expectativa de pena por los casos de pornografía infantil es de hasta 5 años. Asimismo, que “al igual que están haciendo con todos los casos” tratarán de terminar la investigación en los próximos días.
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Condenado a pagar G. 300.000 por mes
Por difundir en sus redes sociales videos de contenido pornográfico de menores de edad, Vera Estigarribia recibió una pena de 1 año y 6 meses, luego de que la Fiscalía se allanara al pedido de una salida procesal planteada por la defensa. Al tratarse de una pena pena inferior a dos años, el condenado no irá a prisión.
Finalmente, a pedido de la Fiscalía, el juez penal de Garantías Joel Melgarejo dispuso que realice una pequeña donación de G. 300.000 mensuales -por el tiempo que dure la sentencia- a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Además, deberá cumplir ciertas normas de conducta como la prohibición de salida del país y de cambiar de domicilio, así como la obligación de presentarse en el Palacio de Justicia de manera trimestral para firmar el libro de comparecencia. Esta condena fue muy criticada en las redes sociales, debido a que la consideran muy baja, atendiendo a que hay menores de edad afectados.