Miembros de guardiacárceles sindicalizados pretenderían realizar una huelga de brazos caídos por 30 días como medida de presión para lograr un aumento salarial. Esto podría generar nuevos amotinamientos en las cárceles.
En el mensaje de WhatsApp al que accedió ABC Color se señala incluso que un amotinamiento masivo pone en riesgo al Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, ya que una masacre en penales implicaría un nuevo pedido de juicio político contra el mismo.
La viceministra de Política Criminal, Cecilia Pérez, confirmó a ABC TV que manejan la misma información, lo que calificó de muy grave.
“Ustedes tienen por decir de alguna manera la primicia, pero nosotros estamos también al tanto de un comunicado a estos términos. Pero acá hay una condición demasiado grave, que se provoquen o se generen las condiciones para que la gente muera. Eso nos afecta a todos, no afecta solo a los internos. No podemos vivir con esa zozobra. Nosotros vamos a continuar negociando”, indicó la viceministra Cecilia Pérez.
“Estas personas hablan de hechos que van a ocurrir dentro de las penitenciarías con los internos y los grupos del crimen organizados, ahora que eso lleve a un juicio político es demasiado escandaloso”, agregó la viceministra.
Cabe recordar que en el reclusorio de San Pedro hubo un enfrentamiento que terminó con varios reos decapitados. Pérez recordó que ante riesgos latentes ya ordenaron desde hace un tiempo el refuerzo en el perímetro de los centros penitenciarios con personal militar y policial, pero insisten a los gremios que acepten las soluciones que plantearon, pero lamentó que existan incluso diferencias entre los dos gremios de guardacárceles, y que uno de ellos se haya retirado abruptamente de la mesa de negociación.
“Nosotros le planteamos las dos cuestiones prioritarias que hoy se pueden responder ante los reclamos, no se puede dar el aumento del 30% porque no hay dinero. Hacienda nos dice que no hay dinero”, remarcó la viceministra, pero destacó que si les plantean aumentos a través de beneficios como el pago por peligrosidad y también el refuerzo de la cantidad de guardias, mediante la contratación con rubros de la Ley de Emergencia Penitenciaria.
Pérez también dijo que por el momento no pueden definir cuantos agentes penitenciarios se estarían plegando a una eventual huelga, puesto que no saben siquiera si uno de los gremios comunicaría la propuesta del gobierno a sus agremiados. Por ello, insistirán en las conversaciones a fin de socializar las alternativas planteadas y que estas sean aceptadas por los funcionarios.