Con relación al cuestionado proceso de compra de tres comisarías móviles realizado recientemente por el Ministerio del Interior bajo la modalidad de subasta a la baja electrónica, el director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la cartera ministerial, Enrique Vera, y el coordinador de la Unidad Ejecutora del programa, Javier Fernández, brindaron una conferencia de prensa en la que defendieron la legalidad de la licitación y aseguraron que no hay nada irregular en ésta, pese a que, llamativamente, las mesas adquiridas cuestan G. 7 millones, una cifra muy sobrefacturada si se compara con el precio referencial del mercado.
Javier Fernández indicó que la adquisición se hizo en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo, ya logrado, fue la adquisición de tres comisarías bajo la modalidad de subasta a la baja electrónica de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas.
Se adjudicó a la oferta más baja
Luego de distintas pujas en el trámite del proceso electrónico, se presentaron tres empresas, de las cuales finalmente quedaron dos, y se adjudicó por el precio global a la más baja, aseguró el coordinador de la Unidad Ejecutora.
Pero el problema es que los funcionarios solo se guiaron por los precios globales y nunca verificaron ítem por ítem los precios de los bienes adquiridos. Como consecuencia, les terminaron facturando mesas a G. 7 millones cada una, un precio evidentemente inflado en comparación con los costos referenciales de una mesa en el mercado actual.
Ambos funcionarios justificaron el hecho diciendo que se limitaron a adjudicar la oferta global más baja, pues ellos buscaban “soluciones integrales” por parte de las oferentes.
“El Ministerio no cuenta con la capacidad de armar parte por parte las comisarías, por eso consideramos lo más acertado buscar empresas que nos proporcionen soluciones integrales, que nos armen las comisarías ya completas, con aire acondicionado, containers, muebles, parte sanitaria, conexión a internet, etc.”, explicó Enrique Vera, director de la UOC del Ministerio del Interior.
Afirman que gastaron G. 20 millones menos
Insistieron en su defensa en que incluso gastaron un monto inferior al que se tenía presupuestado, pues aceptaron la oferta de G. 1.480 millones, cuando el dinero que disponían era de G. 1.500 millones (G. 500 millones por comisaría móvil).
Ante la consulta de los medios, Vera aseguró que no ve irregularidad alguna ni se puede considerar una estafa al Ministerio lo ocurrido, porque la empresa “ya proveyó todas las comisarías móviles, éstas ya están en operación, ahora queda pendiente la garantía de las comisarías, de su funcionamiento. Ellos deben asistir por un año en caso de cualquier falla que tenga la solución integral que proveyeron”, precisó Vera.
Por otra parte, el director de la UOC reconoció que hay una normativa de Contrataciones Públicas que establece que llamado cierto porcentaje de gastos, tienen que preguntar el desglose, “pero en este caso no se dio porque se manejaba dentro de los parámetros normales de los costos”.
Vera insistió en que “es normal” que una mesa cueste G. 7 millones, porque “eso es lo que nos brindaron en los presupuestos que preguntamos en las empresas que se dedican a este rubro. No entraré a hacer juicio de valor sobre si es caro o no. Es una referencia de mercado que tenemos que hacer porque la ley nos obliga”, se limitó a justificar el funcionario.
Explicó que no esperaron más tiempo ni hicieron un nuevo llamado al ver que los precios eran altos porque el proceso comenzó ya el año pasado y había necesidad de comprar las comisarías urgentemente, “porque había que satisfacer la necesidad de la comunidad para tener más comisarías móviles”.
Recordó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tuvo participación en el proyecto “cuando se comunicó el llamado y lo difundieron. Cuando evaluamos y enviamos la adjudicación, no tuvieron ninguna observación”, aseguró.