Según el legislador, con respecto a la posibilidad de que Víctor Bogado plantee volver al Senado eventualmente, se deben “respetar las instancias en los términos que se pronuncia, guste o no guste, porque en el marco del equilibrio de Poderes y competencias hay una acción judicial que él ha recurrido: la pérdida de investidura ha cuestionado. Entonces, también compete a la instancia judicial”, enfatizó Juan Darío Monges.
El senador opinó que “en la medida en que respetemos las competencias de actuaciones de los tres Poderes del Estado, estaríamos haciendo democracia”.
Al recordársele que existe una gran diferencia entre un juicio político y un proceso ante la Justicia, dijo que no está de acuerdo con esta apreciación, pues “no existe el juicio político para el parlamentario". "Está establecido claramente en la Constitución Nacional quiénes son objeto de juicio político. Lo que se ha hecho es una perversidad; es una mayoría que se ha construido en distintas ocasiones, y lamentablemente se ha atribuido competencias que no le confiere a la Constitución”, aseveró Monges.
Carencias en seguridad
Con respecto a las necesidades en materia de seguridad que fueron expresadas ayer, lunes, por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, Monges reconoció que esa cuestión “embreta” la decisión del Congreso, por lo que lo van a analizar.
“Tenemos que ir planteando un fondo común de contingencia par abordar casos que ameritan hacerlo, trayendo recursos de asignaciones que no son tan importantes, para reasignarlos posteriormente.
Al consultársele si es posible el agregado de US$ 150 millones que solicita el Ministerio del Interior para la Policía Nacional, respondió que es difícil aún definir eso. “Es mucho dinero, y en esa situación hay un procedimiento que solemos utilizar, que es una adenda del Poder Ejecutivo para respaldar la determinación que nosotros tenemos. Luego, combinarla con las posibilidades de financiamiento de Hacienda para que nosotros no seamos sindicados de inflar el presupuesto”, argumentó el senador Juan Darío Monges.
Siguen las chicanas
Ayer, lunes, la Corte rechazó una última chicana en el caso “niñera de oro” del exsenador cartista Víctor Bogado. Ahora, la Cámara de Apelaciones debe resolver la causa que expira el 24 de octubre.
De no haber otra nueva chicana de parte de los dos condenados, Víctor Bogado y Gabriela Quintana, el Tribunal de Alzada integrado por Cristóbal Sánchez, Pedro Mayor Martínez y Mirtha González debe emitir su fallo confirmando o no la sentencia de primera instancia.
Pero atendiendo a los antecedentes, lo más probable es que uno de los tres presente un nuevo incidente dilatorio, ya que a partir de este martes 24 de setiembre resta un mes exactamente para que el delito de cobro indebido de honorarios por el que fueron condenados Bogado y su “niñera” prescriba.
Buscan que prescriba
La intención de los condenados es que el delito se extinga y, de esa manera, sus actos queden impunes. Desde que en el año 2013 se inició el proceso, los afectados se turnaron en presentar incidentes para ir dilatando la marcha del proceso.
De esa manera, lograron que recién en abril de este año se realizara el juicio oral, y ahora están tratando de ganar un mes más para quedar impunes.
Bogado ya recusó a los camaristas y hasta al ministro Manuel Ramírez. La “niñera” también recusó a los camaristas, y hasta ahora no fueron sancionados por ser litigantes de mala fe.
Ahora se suma Miguel Pérez, el exjefe de gabinete de la Cámara de Diputados, para darle una mano a Bogado. Este último es el único absuelto del caso “niñera de oro”.
Miguel Pérez planteó la recusación contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Mirtha González. Pero la Sala Penal de la Corte integrada por Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Gustavo Santander declaró inadmisible el recurso y envió el expediente a la Cámara de Apelación.
Acción pendiente en la Corte
En la Corte está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad que planteó el 20 de mayo pasado el condenado Víctor Bogado, quien reclama volver a la Cámara de Senadores. La presentación ataca la sesión del 13 de mayo pasado cuando la Cámara Alta decidió retirarle la investidura por el período 2018-2023. Según el recurrente, se violaron sus derechos constitucionales, y pedía como medida cautelar volver al Congreso hasta que se resuelva la acción. Hasta el momento, la máxima instancia no se expide sobre la medida cautelar, y mucho menos sobre el fondo de la cuestión. La intención de Bogado es que el delito por el cual fue condenado prescriba y su acción quede impune para que él pueda volver al Senado.