El experto en seguridad José Amarilla, quien formó parte de la División de Inteligencia del Ministerio del Interior en el gobierno de Fernando Lugo y actualmente es asesor en el sector privado, criticó que el Ministerio de Justicia y los sistemas de administración de las penitenciarías aún a estas alturas y con el inmenso avance tecnológico, sigan haciendo la vista gorda y permitiendo que los presos ingresen todo tipo de elementos de comunicación a las cárceles. "No pueden aducir en pleno siglo XXI que no tienen recursos tecnológicos para bloquear comunicaciones de los internos. Es inadmisible que para esta época todavía tengamos presidiarios que estafan y extorsionan dentro de la prisión”, criticó.
Resaltó que el hecho de que los narcotraficantes reinen al interior de las penitenciarías “es un reflejo de nuestra falta de políticas públicas de seguridad en materia de prisiones”.
Sobre el centro de monitoreo recientemente inaugurado por el Ministerio de Justicia, opinó que no es suficiente. “Lo que necesita es una política nacional de gerenciamiento de las instituciones penitenciarias, con una declaración de principios, asignar una cadena de responsabilidades y sobre todo traducirse en protocolos de procedimiento que impidan este tipo de sublevaciones”, indicó.
Lamentó que en muchas ocasiones, desde los altos funcionarios del Gobierno, de la Justicia y hasta los de menor rango, se sometan a los grupos criminales debido al poderío económico que tienen sus referentes dentro de las cárceles.
Así, “pagando celdas VIP o financiando asados para los muchachos”, al decir del experto, estos miembros de grupos armados logran mantener el control absoluto de los penales, introduciendo armas y elementos de comunicación. Amarilla es un profesional certificado en seguridad (Certified Protection Professional) por la Sociedad Americana de Seguridad, especialista en Inteligencia Estratégica por el IAEE y realizó cursos especializados en Israel, EEUU, Francia, España y otros países.
Esta es la causa de que las cárceles finalmente sean “una risa”, dijo Amarilla, pues los delincuentes que tienen cierto poder se mueven a su antojo, usando estos establecimientos penitenciarios como oficinas administrativas y extensiones de sus organizaciones criminales.
Se cumplió “premisa básica”
No obstante, por otro lado, felicitó la labor de la Policía Nacional en el procedimiento de negociación ante la toma de rehenes. Amarilla cree que se cumplieron las premisas básicas y que el tiempo de tres horas que tomó la liberación fue el correcto, teniendo en cuenta que cuatro personas salieron con vida, tanto rehenes como presidiarios.
“El procedimiento de la Policía fue correcto, destacable, se cumplió con la preservación de la vida de la víctima y también, en la medida de lo posible de los agresores, que son personas a cargo del Estado paraguayo, por el hecho de estar condenados a confinamiento en una institución de carácter público”, opinó.
Comentó que, si bien hay un entrenamiento básico policial para estos casos, “en las situaciones críticas uno a veces aprieta botones inadecuados”, por lo tanto, considera el ocurrido ayer “un caso de éxito”.
Agregó que la maestría en ciencias policiales cuenta con asignaturas dedicadas a la conducción de crisis, pero, “en cualquiera de los casos, el desempeño no siempre es el mismo, porque en esto juegan las condiciones personales”.
Ante esto, el especialista concluyó que en esta ocasión influyó el factor de que “estuvo la gente correcta en el momento adecuado”.
Falta de políticas
No obstante, para Amarilla, hay otros aspectos que merecen reflexión crítica y deberían llamar a ver la necesidad de que esto no se repita, pues, remarcó, “el riesgo de que esto se convierta en una cuestión en cadena, cuando lidiamos con organizaciones criminales, es considerable, creciente y no hemos respondido adecuadamente como Estado hasta ahora”.
Añadió que nuestras cárceles deberían servir “como instrumentos para reciclar personas, que paguen sus deudas con la sociedad y queden aptas para ser reinsertadas en la sociedad”.
Pero esto es impedido, en algunos casos, por la corrupción y, en otros, por falta de políticas, que terminan convirtiendo las prisiones en “depósitos de seres humanos donde los que salen liberados salen como muertos civiles, que no consiguen empleo en ningún emprendimiento formal y están condenados a volver al mundo delictivo”.
Agregó que además de nuevos protocolos, es necesaria “una reforma profunda, un cambio de mentalidad en la visualización de los sistemas penitenciarios”.
En cuanto a la sugerencia de que los militares administren las cárceles, afirmó contundente que “la doctrina militar no está para el manejo de prisiones, no están entrenados para eso por Constitución en sí”.