Caso audios filtrados: piden nulidad de acusación

Álvaro Arias, abogado de Raúl Fernández Lippmann, argumentó que los audios que sustentan el caso contra su cliente y contra Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto y el abogado Carmelo Caballero fueron colectados de forma ilegal, por lo que solicita la nulidad de la acusación.

El exsecretario del JEM Raúl Fernández Lippmann y su abogado Álvaro Arias.
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En el inicio de la audiencia preliminar por el caso audios filtrados, Arias criticó que no se usen los audios como evidencias, pero que sí se ofrezcan las transcripciones de los mismos. "Es una jugada de mala fe por parte del Ministerio Público, que debe actuar con criterio de objetividad. No solo porque sale permanentemente en la prensa el caso debe actuar de una u otra forma. En este caso tuvimos aproximadamente 15 fiscales, pero con la particularidad de que ninguna de las partes presentó recusación contra la Fiscalía”, expuso.

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Entre hoy y el miércoles se realizará la diligencia en que se decidirá si el caso audios filtrados es elevado a juicio oral y público. En esta causa están acusados Óscar González Daher (ANR, cartista), el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann y el exsenador Jorge Oviedo Matto (Unace), por los hechos punibles de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal. El abogado Carmelo Caballero es procesado por tráfico de influencias, soborno y asociación.

Arias sostuvo que los audios “se han utilizado perversamente” e insiste con que deben ser declarados nulos, basándose en el artículo 36 de la Carta Magna, que establece que el patrimonio documental de las personas es inviolable. “Las comunicaciones telefónicas no podrán ser examinadas, reproducidas e interceptadas sino por orden judicial y aquí no hubo orden judicial”, detalló.

Esta causa nació luego de la filtración de unos 200 archivos de audio desprendidos de conversaciones telefónicas mantenidas por los acusados que revelan la forma en que se direccionaban causas judiciales a través de presiones a fiscales y jueces.

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