Fiscalía solicita prisión preventiva del intendente de Jesús de Tavarangüé

La Fiscalía imputó al intendente de la comuna de Jesús de Tavarangüé, Hernán Schlender Benítez, y al funcionario Senón Cáceres Duarte por lesión de confianza y producción y uso de documentos no auténticos. Solicitaron su prisión preventiva y el daño patrimonial sería de más de G. 7.000 millones.

Hernán Schlender (colorado cartista), intendente de Jesús de Tavarangüé.Archivo, ABC Color
audima

Los agentes fiscales Federico Leguizamón y Marcelo Saldívar imputaron hoy a Schlender Benítez (ANR) y a Cáceres Duarte por los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y uso de documentos no auténticos. El agente fiscal solicitó la medida de prisión preventiva para ambas personas.

De acuerdo al Ministerio Público, tras el análisis de la documentación presentada ante la Contraloría, surge un probable detrimento del patrimonio de la Municipalidad de Jesús, del departamento de Itapúa, que ascendería a un total de G. 7.418.589.000.

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En el informe de la Fiscalía se señala que el 14 de marzo pasado, la firma Ferretería Central SA presentó una denuncia ante el Ministerio Público sobre supuesta documentación no auténtica, por parte del intendente de Jesús. Schlender habría emitido facturas falsas para la Municipalidad, utilizando el nombre de dicha empresa.

Los responsables de la Ferretería Central informaron a la Contraloría que nunca realizaron operaciones con el Municipio y presentaron los números de facturas entregadas por la Comuna a la CGR, comprobando así que los papeles eran falsos y de contenido no auténtico.

Asimismo, representantes de la estación de servicios “Soma” presentaron una denuncia similar, debido a que algunas de las facturas presentadas por la Municipalidad a nombre de dicha entidad eran falsas y otras tenían montos sobrecargados.

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Además de esos casos, la Contraloría estudió la rendición de cuentas correspondiente a “fondos especiales” de 2018 y se detectaron varias irregularidades en resoluciones de pago, de adjudicación de contratos, facturas, recibos de dinero y órdenes de pago, entre muchos otros documentos.

Entre las pruebas presentadas se encuentran facturas de ferreterías, electricistas y casas de venta de materiales para la construcción que fueron supuestamente contratadas y adjudicadas, pero que no se encuentran habilitadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación para la realización de obras.

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