“Agradezco a la Secretaría de Cooperación Internacional (SCI) del Ministerio Público Federal del Brasil y a los Fiscales de Río de Janeiro por todo el esfuerzo en esta transferencia internacional de actuaciones penales”, indicó el fiscal Doldán, sobre el proceso por el cual Marcelo Piloto podría pagar por su crimen en nuestro país.
El caso de la joven Lidia Meza conmocionó tanto por la atrocidad del crimen, el motivo para consumarlo y además por la completa inacción de las autoridades nacionales, que permitieron que el uno de los líderes del Comando Vermelho asesine a puñaladas a la joven en pleno lugar de presidio en la Agrupación Especializada, uno de los supuestos lugares de reclusión –aunque no oficialmente habilitado para ello– de mayor seguridad en nuestro país.
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Marcelo Piloto había agotado todas las estrategias –incluido un coche bomba– para tratar de frenar su extradición al Brasil, y como “último recurso” asesinó a la joven que fue llevada por terceros, sin conocimiento del trágico final que le aguardaba.
La legislación brasileña impide la extradición de sus connacionales por crímenes en el exterior, sin embargo, establece que estos sean juzgados y cumplan sus penas en su territorio.