Ojeda fue acusado por coacción, coacción grave, resistencia y privación de libertad. De acuerdo al informe, se le atribuyen estos hechos punibles por resistirse a la verificación de su mochila por parte de los policías que intervenían en la toma, y también por supuestamente retener en contra de su voluntad al sereno de la institución.
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La coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) considera que este caso. “en que nuevamente un estudiante secundario es criminalizado por la justicia paraguaya, es parte de un plan sistemático de persecución al movimiento estudiantil que se moviliza en reclamo de una educación de calidad”.
“La lucha estudiantil es un gigante en potencia, que es reprimido y criminalizado para evitar reivindicaciones justas en materia de educación, que es un derecho humano. Por tanto, ante tremenda injusticia, exigimos a la justicia paraguaya la absolución de Ernesto Ojeda de manera inmediata”, expresa el comunicado de la Coordindora.
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En el 2017 se realizó un serie de tomas de instituciones educativas dependientes del Estado para reclamar presupuesto para infraestructura, complemento alimentario, presupuesto para educación media técnica y plan piloto con tabletas, como principales puntos.