Barba afirmó que Kriskovich miente e indicó que, a su criterio, este debe renunciar a sus cupos para aclarar la situación suscitada. “Esto tenía que hacer desde el primer día en que se puso a demandar a mi cliente”, señaló.
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Sostuvo que en la resolución N° 735/2015 emitida por la Fiscalía se dejó constancia de que el magistrado es un acosador. “El galanteo y cortejo es acoso sexual. Este señor Kriskovich miente”, apuntó. También resaltó que el acusado aceptó el envío de los mensajes y que su defendida demostró que esto fue así.
Barba explicó que los fiscales que llevaban la causa en ese entonces pidieron a su defendida que entregue el celular en Fiscalía a lo que ellos respondieron con un escrito indicando que harían entrega del teléfono tomando los recaudos correspondientes. Solicitaron que se convoque a peritos para el efecto.
Según el relato del abogado, los fiscales en cuestión se negaron a llamar a los peritos y ante esta negativa, fueron recusados. Posteriormente, la Fiscalía General confirmó como fiscal a Fabián Centurión quien llamó a que juren tres peritos: uno por el Ministerio Público, uno por parte de Kriskovich y otro por parte de Whittingslow.
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La denunciante contrató a peritos de Buenos Aires y los defensores de Kriskovich notaron que con los puntos de pericia que solicitaron estos expertos se iba a demostrar de dónde provinieron los mensajes. “Le presionaron al fiscal Fabián Centurión y el día de la pericia el fiscal desconvoca la pericia y Kriskovich trae un acta notarial donde él admite el envío de mensajes a María Belén”, explicó.
Luego de desconvocar la pericia, el fiscal Centurión desestimó la causa alegando que la pericia era “sobreabundar en las pruebas” porque el profesor ya admitió el envió de los mensajes.
Ante esto se presentó un trámite de oposición en el juzgado y el expediente fue devuelto a la Fiscalía. Fue entonces que el fiscal adjunto Jorge Sosa emitió la resolución en la que califica de “galanteo” el actuar de Kriskovich hacia la denunciante y desestima la causa alegando que no se configuró delito alguno.
El caso de María Belén Whittingslow volvió a tomar notoriedad cuando el pasado 1 de julio se emitió una orden de captura en su contra por no presentarse a una audiencia de la cual nunca fue notificada.
El proceso por la que Whittingslow es solicitada por la justicia guarda relación con el caso de la compra de notas en la Universidad Católica. Ella es una de las acusadas por la institución de haber comprado notas para aprobar asignaturas en la facultad de Derecho. Whittingslow lo niega, y señala que es una represalia por haber denunciado a Kriskovich.