Tailandia se convierte en el tercer país asiático en legalizar el matrimonio igualitario, un hito para la comunidad LGTBI en un continente donde los derechos siguen siendo limitados.
Centenares de parejas celebraron este jueves sus enlaces en varios lugares de Tailandia, entre ellos la capital, Bangkok, donde tuvo lugar una boda colectiva en un ambiente de celebración respaldado por el Gobierno de la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra.
Tailandia se suma así a Nepal y Taiwán en la pequeña lista de destinos asiáticos líderes en derechos LGBTI, mientras en países como India y Japón la legalización de los enlaces del mismo sexo se batalla en la política y en los tribunales, y en Malasia, Indonesia o Brunéi el estigma y la persecución continúan, con la Afganistán de los talibanes entre los lugares más peligrosos para el colectivo.
Taiwán y Nepal, pioneros
El 24 de mayo de 2019 Taiwán se convirtió en el primer lugar de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y desde entonces la legislación en esta materia no ha hecho más que avanzar en la isla semiautónoma que China, en las antípodas en derechos LGTBI, no descarta invadir.
En 2023, las parejas homosexuales lograron los mismos derechos de adopción que las heterosexuales (que también otorga la ley tailandesa), si bien las parejas de lesbianas y las mujeres solteras no pueden todavía acceder a tratamientos de reproducción asistida.
El año pasado, Taipéi anunció además el reconocimiento de los matrimonios entre taiwaneses y chinos del mismo sexo que se casaran en un tercer país. Mientras, en China, aunque la homosexualidad es legal desde 1997, el colectivo todavía se enfrenta a numerosos prejuicios y desafíos, intensificados en los últimos años a raíz de campañas oficiales que apoyan un modelo de masculinidad tradicional.
En noviembre de 2023 Nepal se convirtió en el primer país del Sur de Asia en registrar el matrimonio de una pareja homosexual, meses después de que el Tribunal Supremo ordenase al Gobierno reconocer las uniones del mismo sexo.
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India y Japón, a medio camino
Aunque en 2018 la India logró la despenalización de la homosexualidad, después de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional un apartado del código penal heredado de la época colonial británica, el matrimonio homosexual no es reconocido.
El Supremo rehusó en 2023 aceptar la solicitud de varias parejas homosexuales para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, y delegó la decisión en el Gobierno central, que se opone.
Japón, por su parte, es el único miembro del Grupo de los Siete países más desarrollados del mundo (G7) que no reconoce el matrimonio homosexual, aunque en los últimos años sus tribunales y autoridades locales han dado pasos que conceden ciertos derechos a estas parejas y abren el camino para una futura legalización.
Varias sentencias de distintas instancias japonesas han señalado que la normativa nipona actual es inconstitucional al no tener en cuenta derechos fundamentales del colectivo LGTBI. Sin embargo, esos dictámenes judiciales no obligan al Ejecutivo a cambiar la ley.
Indonesia, Malasia, Afganistán... Retroceso y brutalidad
En diciembre de 2022, el Parlamento de Indonesia aprobó una amplia reforma del código penal que incluye la prohibición del sexo fuera del matrimonio con hasta un año de prisión, lo que en la práctica criminalizar las relaciones LGBTI al solo reconocerse los enlaces heterosexuales.
La normativa también ilegalizó la apostasía en el país con más musulmanes del mundo, reflejo del aumento de la influencia islamista en la clase política de un país de tradición liberal, como es el caso de la vecina y también musulmana Malasia.
En este país la homosexualidad es ilegal y la sodomía se castiga con hasta 20 años de cárcel. Pese a haber pasado cerca de una década en prisión acusado de sodomía y corrupción, cargos que él niega, el actual primer ministro, Anwar Ibrahim, subrayó al llegar al poder en 2022 que su Gobierno no dará más derechos al colectivo LGTBI.
Desde 2019, la ejecución mediante la lapidación o la mutilación de extremidades, castigos basados en la ley islámica (sharia), entraron en vigor en el sultanato de Brunéi, incluyendo esta pena para “delitos de homosexualidad y adulterio”, consumando el giro ultraconservador de esta nación musulmana del Sudeste Asiático.
De forma parecida, la toma de Afganistán por parte de los talibanes en agosto de 2021 cercenó más las libertades negadas a la comunidad LGBTI con su estricta aplicación de la ley islámica, que introdujo la ejecución como castigo para los miembros de este colectivo, dejándolo en una situación “desesperada”, como denunció Human Rights Watch (HRW).