La mayor organización indígena de Ecuador avisó con elevar el nivel de las medidas si el Gobierno insiste en iniciar la obra sin un proceso de consulta a las comunidades afectadas, que desde hace una semana mantienen una movilización en la zona amazónica donde se proyecta la prisión.
Así lo manifestó el líder de la Conaie y candidato presidencial por el movimiento indigenista Pachakutik, Leonidas Iza, en una declaración en la que volvió a rechazar la pretensión del Gobierno de concretar en los próximos días el contrato de la obra.
"Cuando los gobernantes de turno no escuchan al pueblo, es necesario que el pueblo no escuchado levante su voz", apostilló Iza al exigir al Gobierno y a las Fuerzas Armadas que cesen la represión contra los manifestantes indígenas en la provincia amazónica de Napo.
Esta cárcel de máxima seguridad, una de las dos que anunció Noboa con un estilo similar a las que ha construido en El Salvador su homólogo Nayib Bukele, se edificaría en la zona de Archidona, un sector selvático donde habitan comunidades de la etnia kichwa y en la que destacan el turismo y la agricultura entre sus actividades más importantes.
Pese a la comparativa con El Salvador, la capacidad que anunció el Gobierno ecuatoriano para ambas cárceles es de 736 reos en cada una de ellas, lejos de los 40.000 pandilleros que el Gobierno de Bukele asegura que pueden ser recluidos en Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Potenciales perjuicios
Según Iza, la construcción de la cárcel en Archidona generaría una serie de perjuicios a las comunidades de la zona, a la provincia de Napo y a toda la Amazonía.
El líder indígena, además, aseguró que con esa iniciativa el Gobierno de Noboa no presenta "ninguna solución" al azote del crimen organizado en el país y, más bien, ha traslado ese problema a "los hombros del pueblo".
La presencia de dicha cárcel en una región como Napo podría "acabar con la economía de miles de familias", añadió Iza y dijo que "no se puede seguir pensando que la Amazonía es el basurero del modelo de desarrollo" de la élite económica del país.
Recordó que la selva amazónica, desde hace más de 50 años, ha sido afectada por la industria petrolera, la maderera y actualmente la minera.
Sólo el turismo en la provincia del Napo genera 10.000 plazas de empleo directo y 5.000 de indirecto, con ingresos por unos 20 millones de dólares anuales en alojamiento, alimentación y artesanías, actividades ligadas a la población. "¿Quiere acabar con esto?", le preguntó Iza a Noboa.
Además, rechazó el argumento del Gobierno de que la cárcel dinamizaría la economía local y puso como ejemplo la prisión en la provincia andina de Cotopaxi, una de las más grandes de Ecuador, que no ha supuesto un beneficio para la población, ya que hasta el servicio de comida proviene de otro sector y pertenece a familias pudientes del país.
Iza recomendó a Noboa poner su esfuerzo en controlar las otras cárceles del país, donde bandas criminales se disputan el dominio de los centros que se han convertido en focos de violencia y de los que también ha surgido la gran inseguridad ciudadana que afecta a Ecuador.
Siete días de protestas
Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, expresó el respaldo de la organización matriz a las protestas en Archidona, que ya llevan siete días contra la construcción de la cárcel.
Este es un "proyecto inconsulto e ilegítimo" que acarreará "impactos irreversibles" en ámbitos sensibles como el económico, el turístico y el ambiental, añadió.
Yasacama demandó un proceso de consulta previa, libre e informada, como señala la Constitución del país, y dijo que lamenta la "incapacidad del Gobierno" para entender los problemas estructurales que afectan al país.
La vicepresidenta de la Conaie, asimismo, invitó a otras organizaciones sociales a sumarse al proceso de resistencia a la construcción de la cárcel de Noboa en Archidona.
La otra cárcel emprendida por Noboa ya está en construcción en la costera provincia de Santa Elena, donde una comunidad local presentó la pasada semana una acción de protección ante la Justicia para solicitar que se detengan las obras, al alegar que tampoco han sido previamente consultadas sobre este proyecto carcelario.