"Hemos tomado la decisión de que ningún agente de Policía, ningún soldado o funcionario del Gobierno descenderá a una mina abandonada", señaló en declaraciones recogidas por medios locales a última hora del jueves la portavoz policial Athlenda Mathe, sobre los hechos ocurridos en una mina de la ciudad de Stilfontein.
Mathe argumentó que "hay un alto riesgo de pérdida de vidas" porque, no solo hay gases tóxicos, sino que "los mineros ilegales podrían estar fuertemente armados".
La portavoz destacó que, desde el pasado diciembre, la Policía ha recuperado más de 369 armas de fuego de gran calibre, más de 10.000 cartuchos de munición, 5 millones de rands sudafricanos en efectivo (cerca de 260.000 euros) y diamantes en bruto por valor de 32 millones de rands (más de 1,6 millones de euros) en sus operaciones para acabar con la minería ilegal en el país.
"Hemos hecho todo lo posible para que estos mineros vuelvan a la superficie por sus propios medios y de manera segura", aseveró Mathe, al revelar que vecinos de la comunidad han pedido "ir ellos mismos" a rescatarlos, por lo que la Policía les ha hecho firmar formularios para eximir de responsabilidad a las autoridades.
Después de que voluntarios que habían participado en el rescate afirmaran inicialmente que unos 4.000 mineros se encontraban bajo tierra, Mathe afirmó que esa cifra es "exagerada" y estimó el número entre 350 y 400.
"Hemos movilizado el máximo de recursos para trabajar en este caso particular, tenemos sobre el terreno a nuestros operativos de inteligencia que están trabajando con las partes interesadas", añadió.
Un cuerpo en descomposición fue trasladado desde la mina a la superficie este jueves y se ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las causas de su muerte, reveló la portavoz.
Preguntada este miércoles sobre si las autoridades enviarían ayuda a los mineros, la ministra de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, declaró a la prensa: "No vamos a enviar ayuda a criminales. Vamos a ahuyentarlos".
Estos movimientos se desarrollan en el marco de la operación policial bautizada como Vala Umgodi ('Cerrar la mina', en zulú), puesta en marcha en diciembre de 2023 para atajar la minería ilegal en el país y que ha propiciado la detención de más de 13.690 sospechosos en las siete provincias que son focos de esta práctica.
Esta práctica abunda en Sudáfrica con mineros conocidos localmente como 'zama-zamas' (expresión coloquial en zulú que significa 'arriesgarse' o 'intentarlo de nuevo'), que trabajan en numerosas explotaciones en desuso y abandonadas, sobre todo en la zona de Johannesburgo y alrededores.
Además de los riesgos que conlleva, la minería ilegal hace mella en la economía sudafricana y supone enormes pérdidas de ingresos tanto para el Gobierno como para la industria minera del país.