En la vista de este jueves celebrada en la ciudad de Sídney, el juez Michael Lee, del Tribunal Federal Australiano, pidió a los abogados de Rivas que presenten a principios de diciembre documentos escritos explicando de forma concisa y clara los argumentos por los que se opone a la decisión del Gobierno australiano de extraditarla.
Lee también dio un calendario que incluye el juicio para abordar el caso el próximo 10 de marzo, según explicó a EFE la abogada Adriana Navarro, abogada en Australia de los familiares de las víctimas atribuidas a Rivas.
Alegato inusual
Rivas considera que "la decisión administrativa" de extraditarla es ilegal porque no equipara exactamente el delito de secuestro agravado que se le atribuye a las leyes australianas de 1976, cuando supuestamente cometió esos delitos, ni a las de 2018, cuando Chile solicitó su extradición.
Pero la Fiscalía argumentó que este alegato es inusual porque considera que en términos legales se consideran "delitos equivalentes", según acotó la abogada, quien agregó que los abogados de Rivas quieren la copia de las recomendaciones que dieron los eruditos legales al gobierno en favor de su extradición.
Asimismo, la defensa de Rivas, de 70 años de edad y en prisión desde su detención en Sídney en 2019, consideró en su alegato que el Gobierno australiano no sopesó adecuadamente los problemas de salud de la extraditable, los cuales no fueron revelados, agregó Navarro.
La decisión de extraditarla, que se le comunicó a la exagente de Pinochet el 28 de agosto pasado, fue adoptada por la ministra de Finanzas, Kathy Gallaher, en lugar del fiscal general, Mark Dreyfus.
Se suponía que la decisión del Gobierno era el último paso para extraditarla ya que el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, descartó en mayo de 2022 abordar una apelación de Rivas.
Esa decisión dejaba en firme un fallo del pleno del Tribunal Federal Australiano en favor de su extradición a Chile emitido en noviembre de 2021.
Pero, a finales de septiembre, Rivas presentó un nuevo recurso legal para que se anule la decisión del gobierno de extraditarla a Chile, así como para impedir que cualquier fiscal, ministro o funcionario la entregue al país sudamericano.
Apoyo histórico
El caso de Rivas motivó al Gobierno del presidente chileno, el progresista Gabriel Boric, a declarar que su extradición es de "alta prioridad", en el primer paso que adopta el Estado chileno desde el retorno a la democracia en la búsqueda de los desaparecidos.
Este pronunciamiento ha hecho sentir a los familiares de las víctimas atribuidas a Rivas que "por primera vez" tienen el apoyo del Estado y no están "desamparados", explicó Navarro a EFE, al agregar que esperan poder venir a Australia para el proceso.
Chile quiere juzgar a Rivas por su supuesto papel en la desaparición de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista del país suramericano, en 1976, y otros seis activistas, entre ellos una mujer embarazada.
Se presume que la chilena, que defiende su inocencia, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta de Pinochet), organismo represivo que operó hasta 1978 bajo el mando de Manuel Conteras.
Rivas viajó en 1978 con su entonces marido a Australia, donde residió durante 30 años.
En 2006 viajó a Chile, donde fue detenida por los casos vinculados a su extradición, aunque después logró escapar y volver tres años más tarde a Australia.