"El Gobierno cree que no es apropiado abolir" la pena de muerte, dijo hoy su portavoz, Yoshimasa Hayashi, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete.
"La pena de muerte es inevitable para una persona que ha cometido un crimen extremadamente grave y atroz", aseveró seguidamente Hayashi, al ser preguntado por los medios sobre las conclusiones del grupo de expertos.
El miércoles, un panel creado en febrero de 16 miembros, entre ellos exfiscales y expolicías de alto rango y académicos, propuso al Gobierno y a la Dieta (Parlamento nipón) establecer un organismo para discutir si se debe mantener la pena de muerte.
Los expertos, bajo la secretaría de la Federación Japonesa de Colegios de Abogados, solicitaban acabar con la pena de muerte debido a la "tendencia internacional" de suprimir dicha sentencia.
Asimismo, en referencia al caso del japonés Iwao Hakamada, el preso que más tiempo pasó en el corredor de la muerte (un total de 47 años) y que fue absuelto este año tras la repetición del juicio de su caso, en la que fue declarado inocente por falsificación de pruebas, el documento rezaba: "Una vez que ocurre un error, lleva mucho tiempo corregirlo".
Japón y Estados Unidos son los únicos del Grupo de los Siete países más desarrollados (G7) que dictan todavía sentencias con la pena capital, mientras que la Unión Europea prohíbe la adhesión a Estados donde está vigente y viene pidiendo abiertamente a Tokio que revise su postura, tal como hace también la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un protocolo opcional destinado a la abolición de la pena de muerte en diciembre de 1989, que Japón no ha firmado.
La última ejecución llevada a cabo en el país asiático tuvo lugar el 26 de julio de 2022, cuando el entonces ministro de Justicia, Yoshihisa Furukawa, mandó ahorcar a Tomohiro Kato, de 39 años y responsable de una masacre en 2008 en el distrito de Akihabara de Tokio en el que siete personas murieron y 10 resultaron heridas por atropellamiento y ataques con cuchillo.
La mencionada ejecución se produjo con la actual formación gobernante, el Partido Liberal Democrático (PLD) en el poder, de la misma forma que las 24 anteriores, que ocurrieron entre 2012 y 2018, con Sadakazu Tanigaki y, posteriormente, Yoko Kamikawa como ministros de Justicia.
Los resultados de una encuesta impulsada por el Ejecutivo nipón en 2019 sobre el apoyo popular a la pena capital en el país asiático reflejan que solo un 9 % de la población japonesa cree que esta "debería ser abolida", mientras que un 80,8 % considera inevitable que se apliquen ese tipo de condenas.