La medida busca "un punto de equilibrio" con Bruselas, que, a cambio, mantendrá en vigencia las concesiones actuales de espacios de playa y establecimientos playeros a sus actuales gestores durante los próximos tres años, informó el Ejecutivo en un comunicado.
Esto cambiará en junio de 2027, ya que por una directiva europea que Italia hasta ahora no implementó, deberá abrir el mercado de licitaciones de estos lucrativos espacios, una reforma que cuenta con una amplia oposición de los empresarios.
Este proceso supondrá la concesión de nuevos permisos que tendrán una duración mínima de cinco años y un máximo de veinte, con lo que se busca liberalizar en el mercado un sector que permanecía cerrado a nuevas concesiones.
En Italia, la mayoría de playas son gestionadas por privados que extienden ahí sus bares, restaurantes, tumbonas y sombrillas, por lo que se exige a los bañistas un pago para su uso que puede alcanzar los 30 euros al día, aunque los titulares de las concesiones están obligados a mantener un espacio mínimo para el acceso libre.
El 9 de agosto, los gestores de las playas hicieron una huelga de dos horas para oponerse a la decisión del Gobierno de aplicar la directiva europea que obliga a la nueva licitación de los espacios.
Este sector se opuso desde siempre a la directiva Bolkestein de 2006 que obliga a licitar las playas, pero Italia nunca lo hizo y se enfrenta a procesos de infracción por parte de la Comisión Europea.
Durante décadas, las concesiones de playas casi siempre se otorgan automáticamente a los mismos propietarios y familias con alquileres bajos, favoreciendo en muchas ocasiones infiltraciones mafiosas.
La última prórroga para la aplicación de la directiva europea fue aprobada por el actual gobierno de Giorgia Meloni, que inicialmente extendió las concesiones hasta finales de 2024, aunque ahora da al sector una prórroga más que se alargará hasta 2027.