La denuncia de la oposición de Venezuela comenzó después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la controvertida victoria del presidente Nicolás Maduro la noche de los comicios del 28 de julio, mientras que el antichavismo mantiene, desde entonces, que la victoria es de Edmundo González Urrutia por un amplio margen.
La investigación guarda relación con la publicación de una página web, en la que la oposición asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.
La Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente en la fecha indicada, le será “librada una orden de aprehensión respectiva” al considerar que se “encuentra en presencia de peligro de fuga”.
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El bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), difundió estas actas, que el Ejecutivo tacha de “falsas”, tras la proclamación de Maduro como ganador, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan la victoria de González Urrutia.
Por ello, la Fiscalía citó al abanderado de la PUD -en primera instancia para este lunes y, al no asistir, lo convocó para el martes, que tampoco se presentó- por “la presunta comisión los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.
La tercera citación se emitió, según el fiscal general, Tarek William Saab, con base en la jurisprudencia de la Sala Penal, ya que -dijo- “una persona puede estar citada hasta en tres oportunidades para, en este caso, en su calidad de investigado, rendir declaración sobre un proceso en curso (...) que también vincula desobediencia a las leyes”.
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El pasado domingo, a través de un vídeo publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que la Fiscalía lo “pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.
A su juicio, el fiscal general “se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político”, ya que -aseveró- “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”.