El juez decano de la capital vizcaína, Aner Uriarte, explicó a EFE que con esta medida, que afecta también a testigos y letrados, se identificará por colores a los investigados para que los funcionarios sepan “quién es quién” en cada caso concreto y prevenir una situación en la que coincidan denunciado y denunciante, y que suponga la revictimización de la mujer.
Según consideró “si ya es duro denunciar e imputar una serie de hechos que pueden llevar a tu pareja o expareja a la cárcel, más duro es encontrártelo de sopetón en el juzgado cuando vas a declarar en su contra”.
El decano añadió que se ha llegado a esa norma tras "algún incidente" registrado en estos juzgados, que ocupan dos plantas del Palacio de Justicia.
La medida, insistió, "tiene su sentido" porque, a veces, las instalaciones registran una "aglomeración importante" de personas y estos casos, en concreto, se tienen que resolver en el día ya que "no puedes decir a una mujer que vuelva mañana y que tenga que estar hasta entonces en casa con el denunciado".
Por su lado, el Colegio de la Abogacía de la provincia de Bizkaia, considera que la medida vulnera la presunción de inocencia y “la dignidad” de los investigados, y los somete a “una pena de banquillo adelantada”, algo que Uriarte niega ya que la presunción de inocencia “es la misma, con color o sin color”.
El Colegio cree que la iniciativa “deja marcados y señalados” a los investigados ante el resto de personas que acude a estos juzgados, y consideró que resulta “desproporcionada e inútil, reprobable jurídica y éticamente; carece de soporte legal y es contraria a los principios de un Estado de Derecho”.
Sobre la imposición de una pegatina también a estos profesionales, el Colegio afirma que esta circunstancia “está completamente alejada del debido respeto y decoro” a estos profesionales, a la vez que resulta “improcedente, inadecuada e innecesaria” porque ya presentan su carné profesional para identificarse y acceder a las instalaciones judiciales.
El citado colegio también remitió una queja al Gobierno regional del País Vasco y a la Secretaría Coordinadora de Bizkaia para que rectifiquen “de forma inmediata”.