Los ingresos que percibirán millones de jubilados en Argentina viven momentos de incertidumbre después de que el Parlamento aprobara, por una amplia mayoría, la ley que regula el aumento de las pensiones y de que el presidente del país, Javier Milei, anunciara que vetará la norma en pos del ‘déficit cero’.
El gasto en jubilaciones ha sido uno de los más afectados por el plan de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que en marzo pasado decidió actualizar las pensiones por decreto y no mediante la fórmula que regía desde 2021.
En un escenario de severa crisis económica en Argentina y con una de las tasas de inflación más alta del mundo, el 65% de los 6,5 millones de jubilados del país cobra la jubilación mínima, que este mes fue de 225.454 pesos (233 dólares al tipo de cambio oficial actual), un ingreso que llega a los 295.454 pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde hace varios meses por la situación de emergencia.
Este ingreso, que representa un 82% del salario mínimo legal en Argentina, margina a los jubilados a la indigencia.
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La ley aprobada establece una fórmula de actualización mensual que combina el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8,1% para jubilados. Tras anunciar que se vetará la norma, el Gobierno informó de que la actualización por decreto de las pensiones será en septiembre del 4%.
“El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”, aseveró a primera hora de este viernes la Oficina del Presidente, al anunciar que Milei vetará la ley.
Qué aprobó el Senado
El Senado aprobó y convirtió en ley ayer un proyecto que establece una nueva fórmula para la actualización de las jubilaciones y que ya había recibido en junio el visto bueno de la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo consideró esta aprobación como un “acto de populismo demagógico” y tachó a la norma de “irresponsable, ilegal e inconstitucional”, pues “establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria”.
La Administración de Milei, que en diciembre pasado, apenas asumir el Gobierno, puso en marcha un severo plan de ajuste que permitió recuperar el equilibrio fiscal, alega que esta ley implicará un gasto adicional del 1,2% del PIB, “obligando al Estado a contraer deuda”.
El Ejecutivo insistió en que el proyecto aprobado con “la anuencia de todos los partidos políticos” es “una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal y, por lo tanto, será vetado”.
La Constitución argentina habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley, veto que el Parlamento puede superar volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas.