Paraguay y otros diez países patrocinan en OEA resolución sobre crisis en Venezuela

WASHINGTON. Unos diez países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con asientos en el Consejo Permanente, intentarán aprobar hoy una solución con exigencias para el poder electoral venezolano. La crisis post electoral sume a Venezuela en una inestabilidad política con efectos impredecibles para la región. Los votos de la Comunidad del Caribe son clave.

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lescano (i), y el canciller de Panamá, Javier Martinez-Acha, en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, en Washington (Estados Unidos).LENIN NOLLY
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El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne este viernes con carácter extraordinario para votar una nuevo proyecto de resolución sobre la crisis postelectoral en Venezuela que pide la publicación de “manera expedita” de las actas de votación.

El proyecto de resolución patrocinado por diez países menciona “insistir con la mayor firmeza que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona”, así como “especialmente el derecho a reunirse pacíficamente y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios, y el derecho a juicio imparcial sea una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela así como para todos los Estados de las Américas”.

Según la OEA, el documento está está patrocinado por Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

La última sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en Washington (Estados Unidos).

Según NTN24, los patrocinadores del texto piden al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que publique de manera expedita “las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral y respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral”.

También reclaman “proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación” , según el canal.

En un último punto, la resolución busca instar a los países de la OEA a “comprometerse a permanecer atento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela (...) ante la grave situación de vulneración a la voluntad popular en Venezuela y en respaldo a las acciones multilaterales que deben tomarse cuanto antes para garantizar el respeto al sufragio en el Estado venezolano”.

Este proyecto sigue a otro sobre la situación en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio que fue sometido a votación en el Consejo Permanente de la OEA el pasado 31 de julio y no contó con apoyo suficiente para ser aprobado. En esa ocasión 17 países votaron a favor, 0 en contra, 11 se abstuvieron y 5 delegaciones estuvieron ausentes.

Nuevo proyecto de resolución

El nuevo proyecto de resolución -dice NTN24- es producto de una sesión de negociaciones celebrada el martes 13 de agosto y contiene modificaciones recibidas con posterioridad.

Venezuela vive desde el 28 de julio una anómala y crítica situación, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, el actual presidente, pero sin publicar las actas de votación mesa por mesa, algo que sí hizo la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en una página web para avalar su afirmación de que el ganador por un amplio margen fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

Un panel de expertos de la ONU que estuvo en Venezuela desde fines de junio hasta el 2 de agosto concluyó que la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales venezolanas tras las elecciones del pasado 28 de julio careció de las “medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles “.

El Centro Carter de EE.UU., único observador internacional autorizado en esas elecciones, manifestó, a través de un comunicado el pasado 30 de julio, que el proceso electoral “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que “no puede ser considerada como democrático”.

También ha habido denuncias contra las autoridades venezolanas en relación con la represión de las protestas opositoras en las calles para denunciar lo que califican como un " fraude " electoral, en las que murieron más de una veintena de personas y fueron detenidas más de un millar, según cifras oficiales.

La Cámara Electoral de la Corte Suprema de Justicia está realizando un proceso de verificación pericial de la documentación presentada por el CNE sobre el proceso y los resultados electorales, pero aun no ha concluido su tarea.

En medio de un creciente apoyo dentro y fuera de Venezuela a los reclamos de transparencia, países como Brasil y Colombia han sugerido soluciones como repetir las elecciones o formar un gobierno de coaición.

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