Seis entidades fueron clausuradas por “incumplimiento de sus obligaciones”, según el ministerio del Interior, por lo que sus bienes pasarán a manos del Estado. Las otras nueve por “disolución voluntaria”.
Nicaragua endureció las leyes sobre asociaciones civiles tras las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
“Han incumplido sus obligaciones (...) al no reportar por periodos de entre 02 hasta 13 años sus estados financieros”, de acuerdo al decreto.
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Entre las organizaciones religiosas clausuradas están Cáritas (institución católica de asistencia social) de la ciudad norteña de Matagalpa y entidades evangélicas como la Iglesia de Pentecostés y la Iglesia del Buen Samaritano. También fue cerrada la Asociación de Canotaje de Managua.
El gobierno de Ortega, que consideró las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, aseguró que algunas oenegés las financiaron.
La clausura de oenegés se basa en un marco legal endurecido en Nicaragua, donde el gobierno de Ortega ha cerrado unas 3.600 desde 2018. Además, Ortega ha arremetido contra la Iglesia católica, con el arresto y expulsión del país de decenas de religiosos.