Desde que en 2014 se alcanzó un pico máximo histórico de 560.000 barriles por día en el país, la producción ha descendido a los 486.000 barriles diarios, y la proyección es que siga a la baja.
El 80 % de la producción es de Petroecuador, una compañía pública con limitaciones para atender las inversiones necesarias, debido al contexto actual: cuentas deficitarias del Estado y un constante reajuste del gasto público.
El 20 % restante está a cargo de empresas privadas, la mayoría con contratos de servicios por los que reciben una tarifa por barril producido, una modalidad que se impuso en 2010 por decisión del Gobierno para terminar con los contratos de participación.
En cambio, con el actual Gobierno y el sector privado se apunta a retornar a esa modalidad contractual, donde las empresas privadas reciben los bloques en concesión con una cuota de participación de la producción y hacen todas las inversiones.
De ese modo el Estado solo recibe rentas (no menos del 51 % por ley) sin haber gastado nada ni haber asumido otros riesgos derivados.
"Usualmente la renta para el Estado es del 70 % y 80 %", señaló a EFE el exviceministro de Hidrocarburos, Sergio Enderica, para quien este modelo sirve tanto para los bloques petroleros del sur de la Amazonía ecuatoriana pendientes de exploración como para los yacimientos 'offshore' de gas.
Reversión de campos
La aplicación nuevamente de los contratos de participación se ha vuelto más viable con el nuevo reglamento de la Ley de Hidrocarburos, que además permite delegar a una empresa privada o a una compañía estatal extranjera campos que actualmente están a cargo de Petroecuador.
Ese proceso podría tomar alrededor de un año y, según Enderica, permitiría reducir en una tercera parte aproximadamente el presupuesto de Petroecuador, que ronda los 4.500 millones de dólares.
Uno de los yacimientos donde estos especialistas apuntan a que puede aplicarse esta figura es el de los Bloques 16 y 67, cuya explotación fue asumida por Petroecuador en 2023 tras culminar los contratos de servicios del anterior.
Desde entonces la producción de estos campos ha decaído de 15.000 a 10.000 barriles por día por la ausencia de nuevas inversiones y conflictos con comunidades indígenas de la zona (103 millones de dólares perdidos en un año).
"Va a haber muchas voces estatizantes que se van a oponer a que la empresa estatal deje de operar esos bloques, pero no tiene el dinero para esas cuantiosas inversiones", comentó a EFE el abogado especialista en energía y recursos naturales, Francisco Roldán.
"Falta decisión política"
Para el letrado, "lo que falta es decisión política", pues a su juicio el contrato de participación "es la mejor figura contractual" y la más extendida en el mundo.
El abogado señaló que "más seguridad jurídica” permitiría que volviesen las grandes empresas mundiales que se fueron del país desde que en 2010, lo que a su juicio dejó a Ecuador en una posición de desventaja en el panorama internacional.
Por su lado, la asesora jurídica de varias empresas del sector, Marisela Salinas dijo que "no hay razones válidas" para postergar más el retorno de los contratos de participación".
También incidió en la importancia de una mayor digitalización y dinamización de los procesos de licitación, así como reforzar la seguridad jurídica sin cambios de condiciones, especialmente en el esquema tributario.