“Ante la excomunión y expulsión de la vida consagrada, las diez religiosas carecen de título legal para permanecer en los monasterios y dependencias anejas -o próximas-, por lo tanto deberán abandonarlos”, declaró monseñor Mario Iceta en una conferencia de prensa en la ciudad del norte de España, dos días después de la excomunión oficial de las religiosas.
“De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar”, avisó el arzobispo, sin dar un plazo a las monjas.
“No hemos establecido un plazo, un plazo prudencial, no queremos actuar de modo precipitado, queremos ser muy respetuosos y esperemos que ellas se den cuenta de que, al no ser ya religiosas, no pertenecen a los monasterios y no deben estar en ese lugar”, añadió.
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Estas diez hermanas viven en el convento de Santa Clara en el pueblo de Belorado, un recinto del siglo XV en el corazón de un pueblo de 1.800 vecinos a 50 kilómetros de Burgos.
Las religiosas decidieron a mediados de mayo abandonar la Iglesia y ponerse bajo la autoridad de un sacerdote excomulgado, Pablo de Rojas Sánchez-Franco.
Diez monjas excomulgadas en un contexto de disputas por un convento
El asunto estalló en un contexto de disputas por la propiedad y acusaciones de pertenencia a una secta.
Fundador de la “Pía Unión de San Pablo Apóstol”, Pablo de Rojas Sánchez-Franco, expulsado de la Iglesia católica en 2019, afirma pertenecer al “sedevacantismo”, movimiento que considera herejes a todos los papas que sucedieron a Pío XII (1939-1958). Según el arzobispo de Burgos, él y otra persona no identificada llevan en el convento alrededor de un mes.
Fue la anulación de la compra de un convento en el País Vasco español lo que hizo saltar el conflicto. En 2020, las monjas llegaron a un acuerdo con el vecino obispado de Vitoria para comprar el convento de Orduña, pero la venta finalmente fracasó. La transacción fue “bloqueada desde Roma”, dijeron las religiosas.
También afirman ser perseguidas por su jerarquía.
A principios de junio, el arzobispo de Burgos, al que el Vaticano había pedido que zanjara el asunto, envió a varios representantes, acompañados de un agente judicial, para exigir, en vano, la entrega de las llaves de su convento.