“Tradicionalmente, la presencia de víctimas de Latinoamérica ha sido constante”, pero “se ha observado un incremento de su porcentaje respecto a otras nacionalidades en los últimos años”, aseguran a EFE fuentes del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en España (CITCO).
Una problemática que corroboran organizaciones que ayudan a las víctimas, como Accem, que advierte de su vulnerabilidad tanto en sus países de origen como cuando llegan a España.
Las más vulnerables
La estadística de este centro adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España refleja que en su mayoría las mujeres tienen entre 28 y 32 años y son de Colombia, Venezuela y Paraguay.
La Policía y la Guardia Civil españolas liberaron a casi trescientas víctimas de estas redes el año pasado, más de un tercio de ellas de Colombia (137), seguidas de Venezuela (44) y Paraguay (32), pero también de Brasil (10), República Dominicana (9), Uruguay (3) y Cuba (3), Argentina (2) y Perú (1).
Lea más: Trata de personas: a qué hay que prestar atención para no ser víctima
España es el “país de referencia en cualquier proyecto migratorio desde los países de habla hispana”, por los lazos con América Latina y por factores como “las comunidades numerosas de dichas nacionalidades ya asentadas” en el país, remarcan estas fuentes del CITCO.
En este caso se suma “la situación en los países de origen ligada a un empeoramiento de las condiciones de vida por cuestiones económicas o de seguridad”.
“Esta situación suele ser aprovechada por las redes de trata, utilizando el engaño respecto a la actividad a realizar en España o sus condiciones reales, así como la situación de necesidad extrema de las víctimas potenciales”, subrayan.
Muchas llegan con el gancho de empleos como el servicio doméstico, pero acaban en burdeles al reclamar estas mafias una supuesta deuda por haberlas traído a España, que nunca se termina de pagar.
Sin retorno
Carmen Martínez-Raposo, responsable del programa contra la trata en Accem, agrega que ya en España sufren una “especial vulnerabilidad” incluso en el sistema de acogida.
En el caso de Colombia, solo un 4,5 por ciento de quienes solicitaron el año pasado protección internacional, como el asilo, lo lograron.
Lea más: Más del 70% de víctimas de trata son mujeres y niñas
Por ello advierte del riesgo de que caigan en estas redes, que las van a buscar a centros de inmigrantes, donde la labor de estas organizaciones es determinante, pues muchas están en situación irregular en España y temen recurrir a la Policía.
Accem las acompaña para que denuncien, presta asistencia jurídica y psicológica, apoya en la busca de empleo o alojamiento, colabora en los trámites burocráticos,...
“Necesitan alternativas (...) para insertarse en el país de acogida”, añade Martínez-Raposo, pues “el retorno voluntario es minoritario, llegan engañadas con promesas de ganar mucho dinero y se quedan en España para ayudar a su familia”.
Desde el CITCO subrayan igualmente que las víctimas “disponen de un amplio abanico de derechos para garantizar su protección y la recuperación tras la explotación”, con asistencia jurídica gratuita, acceso al sistema público de salud y permiso de residencia y trabajo excepcionales si están en situación irregular.
Las fuerzas de seguridad españolas colaboran con organizaciones sociales que asisten a las víctimas y con organismos internacionales como Interpol y la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, incluidos equipos conjuntos de investigación con las autoridades de los países de origen, donde dan protección también a sus familias.