El decreto original entró en vigor el 1 de febrero de 2023 y expiraba cinco meses más tarde, pero fue prorrogado en varias ocasiones, la última hasta este 30 de junio.
El documento prohíbe suministrar petróleo e hidrocarburos rusos si los contratos contemplan de un modo directo o indirecto restricciones a los precios del crudo ruso impuestas por los países del G7, la Unión Europea y Australia por la guerra en Ucrania.
La Unión Europea (UE) prohibió la compra de petróleo ruso suministrado por vía marítima en diciembre de 2022 y los países del G7, Australia y los Veintisiete pusieron un tope de 60 dólares por barril al crudo ruso, una medida que posteriormente se extendió a los hidrocarburos rusos.
Putin calificó estas medidas como "un atavismo colonial", aunque negó que Rusia vaya a perder dinero por ello.
"Están acostumbrados a robar. Pero el mundo ha cambiado y difícilmente lo lograrán hacer hoy en día", dijo.
Además, advirtió de que limitar artificialmente los precios puede "destruir" el mercado energético internacional, ya que una reducción de la inversión en el sector puede rebajar los suministros, lo que haría que los precios se disparen, con lo que pagarían precisamente los que quieren introducir dichos mecanismos.
A modo de respuesta, Rusia ha redirigido sus suministros de petróleo e hidrocarburos a terceros países, en particular China y la India, a los que ofreció precios preferenciales.