“Esta fue la primera urgencia legislativa que anunciamos como gobierno, antes de asumir incluso, el 8 de marzo de 2022. Requirió el trabajo de comisiones unidas en el Senado y una larga discusión artículo por artículo (...) Entre otras muchas cosas, crea y define distintos tipos de violencia que la sociedad ha avanzado en identificar, mejora el seguimiento, control y dictación de medidas cautelares”, señaló la secretaria de Estado desde el Museo de la Educación Gabriela Mistral, ubicado en el centro de Santiago.
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Orellana afirmó que “(la ley) incorpora a los niños y niñas víctimas de pleno derecho, no solo como testigos de la violencia que sufren sus madres y cuidadoras principales, sino también reconociéndolos con toda la evidencia científica disponible como personas de pleno derecho a las que también afecta esta situación”.
Añadió que esto “permitirá que se tomen mejores medidas de alejamiento, que no se crucen los procedimientos de familia con los procedimientos penales vinculados a la seguridad y que como sociedad nos demos la oportunidad de romper con el ciclo de la violencia generación a generación”.
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La iniciativa, presentada durante su segundo gobierno por la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) y la entonces ministra Claudia Pascual -hoy senadora-, se promulga 30 años después de la entrada en vigencia de la primera ley sobre violencia doméstica de 1994 en el marco de la Convención de Belém do Pará, suscrita y ratificada por Chile en el mismo año.
Entre otras medidas, el nuevo cuerpo legal fortalece las medidas cautelares y establece mecanismos de supervisión judicial para garantizar su adecuado cumplimiento, además de ampliarlas a delitos de violencia de género y agresiones que ocurran fuera de las relaciones filiales, afectivas o de convivencia.
En adelante, desde el ministerio de la Mujer y Equidad de Género trabajarán en la implementación efectiva de la ley en conjunto con la Justicia del país suramericano, el Ministerio Público y las fuerzas policiales.