A través de un comunicado, ALBA recordó que, "en años recientes", la región "ha sido escenario de lamentables casos de judicialización de la política", por lo que la "averiguación judicial y la orden de detención" contra el alcalde podría conformar "otra situación de persecución política" a través de instituciones del Estado.
El lunes pasado, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de Chile decretó prisión preventiva contra Jadue.
Tras varios días de un proceso mediático, la jueza Paulina Moya aceptó la petición de la Fiscalía, que argumentaba que el alcalde, a quien se investiga por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, suponía -en su opinión- "un peligro para la sociedad".
A través de la red social X, Jadue, del Partido Comunista de Chile, anunció que apelará la medida "desproporcionada" y volvió a reiterar su inocencia.
"Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada", indicó en la red social.
El bloque que conforma ALBA -Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía- dijo que seguirá el caso de Jadue y manifestó su expectativa de que "la justicia chilena actúe de acuerdo con el derecho, los hechos y la verdad".