Las autoridades federales explicaron en un comunicado que el 3 de mayo cuatro hombres dominicanos viajaron juntos en una embarcación sin bandera que partió de San Juan, Puerto Rico, con destino a República Dominicana.
El propósito del viaje era contrabandear varias especies de aves tropicales a República Dominicana para obtener beneficios económicos.
Cuando la embarcación se encontraba aproximadamente a 55,5 kilómetros al norte de Puerto Rico, la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) la interceptó y presenció cómo la tripulación arrojó objetos por la borda.
Varios de los objetos tirados por la borda fueron recuperados con éxito por el USCG del océano y fueron identificados como jaulas de madera que contenían aves tropicales.
Un total de aproximadamente 113 aves muertas, descritas en la acusación, fueron recuperadas del océano dentro de las jaulas de madera arrojadas por los acusados.
Los individuos carecían de licencia para exportar la fauna silvestre y no declararon las aves tropicales como exigen las normas federales que regulan la exportación de aves tropicales.
"Violaron las leyes que protegen a las aves tropicales y regulan la venta y exportación internacional de fauna salvaje. Cuando se enfrentaron a las fuerzas del orden, los acusados intentaron encubrir esos delitos matando a las aves protegidas arrojándolas al mar cuando aún estaban en sus cajas de madera", declaró en un comunicado W. Stephen Muldrow, fiscal de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico.
Por su parte, José Díaz, comandante del sector San Juan de la Guardia Costera dijo: "Desafortunadamente, la crueldad mostrada por los contrabandistas en este caso resultó en la pérdida de más de 100 aves exóticas. No nos detendremos en nuestro compromiso de controlar el tráfico ilícito en nuestra región".