La fiscal del Tribunal Correccional de París reclamó una pena de dos años que sólo le obligaría a ingresar en prisión si reincidiera para Jean-Noël Etcheverry por los delitos de transporte y detención de armas y explosivos en relación con una organización terrorista.
Para Béatrice Molle, la propietaria de la casa de Louhossoa donde los Artesanos de la Paz habían almacenado material militar de la organización terrorista cuando las aprehendieron las fuerzas del orden, la representante del Ministerio Público solicitó un año también exento de cumplimiento por detención de armas y explosivos, igualmente con el calificativo de terrorista.
"Son penas clementes y espero que los encausados lo entenderán", subrayó la fiscal al terminar su requisitoria, después de haber insistido al tribunal para que "no ceda a la presión" de los llamamientos, en particular de los representantes políticos del País Vasco francés y de miembros de partidos de izquierda en forma de manifiestos y acciones públicas, para que los dos sean absueltos.
Sobre todo, la fiscal insistió en desmontar la tesis de los encausados de que la "operación fallida" de Louhossoa sirvió para preparar la entrega de armas y explosivos que se llevó a cabo, también con la intermediación de los Artesanos de la Paz, el 8 de abril de 2017, y que en esa ocasión se hizo con la cooperación y la implicación de las autoridades francesas.
En todo caso, dijo que el hecho de ser descubiertos por las fuerzas del orden cuando reunieron una treintena de armas y decenas de kilos de material para confeccionar explosivos en Louhossoa les "obligó a replantearse" la segunda operación y a contar con las autoridades.
La fiscal reprochó en particular a Etcheverry y a Molle haberse plegado a "las modalidades" de entrega del arsenal que ETA decidió "unilateralmente".
Añadió que "en ningún momento se cuestionaron las acciones criminales de ETA" y aceptaron las condiciones que había establecido quien por entonces desde la cárcel se presentaba como el responsable del aparato político de la banda terrorista, David Pla.
Esas condiciones implicaban que no era posible "ninguna verificación" de la composición del arsenal y que el objetivo era la destrucción de las armas, en particular para borrar todas las huellas que permitieran relacionarlas con su utilización y así elucidar muchos de los atentados de la banda para los que no se han identificado formalmente los autores.
Por eso, indicó, habían comprado grasa para embadurnar los cañones de forma que desaparecieran señales de su uso.
En resumen, para la representante fiscal, lo que habían preparado en Louhossoa "no tiene nada que ver con la entrega de armas de abril de 2017".
No obstante, también reconoció que "la Justicia no es ciega" y que en la sentencia habrá que tener en cuenta que Etcheverry y Molle "no son miembros de ETA", que con su acción pretendían participar en el desarme de la banda y que la banda había puesto fin a la violencia años antes y no la había reanudado.
El juicio termina esta tarde con los alegatos de la defensa, tras lo cual el tribunal fijará la fecha para dictar sentencia.