Da Silva entregó durante una audiencia pública un informe a la Fiscalía regional para ayudar en las investigaciones y facilitar el acceso a la Justicia de los familiares de las 51 víctimas de la operación, lanzada a principios de febrero en los alrededores de la ciudad portuaria de Santos, y que continúa abierta.
"Todas las denuncias tendrán consecuencias", dijo Da Silva, quien criticó que todos los boletines policiales presentan "narraciones muy parecidas" y recogen solo una versión.
La procuradora Daniela Fávaro afirmó que la Fiscalía ha presentado una denuncia contra un policía involucrado en una muerte, aunque reconoció que esto es "muy poco" frente a la gran cantidad de testimonios.
En el informe, el ombudsman pide, entre otras medidas, suspender la operación en curso, garantizar el uso de cámaras corporales por parte de los agentes y apartar temporalmente a los policías involucrados.
Además, reclama investigaciones "autónomas" por parte de la Fiscalía, protección para los familiares de las víctimas y testigos ante posibles amenazas y represalias, y una reparación financiera colectiva para las comunidades afectadas.
Decenas de líderes comunitarios y familiares de víctimas, además de cientos de habitantes de las favelas, llenaron el teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo para pedir Justicia y un fin a la impunidad que rodea la violencia policial.
Una de las familiares de las víctimas, identificada como Jessica, denunció que su hermano Emerson, un joven negro de 33 años, recibió cinco tiros de los agentes, algunos de ellos a corta distancia, pero que en el informe policial solo aparecían tres.
"La Policía está haciendo horrores. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que entren en las comunidades y maten?", lanzó, entre los aplausos de los asistentes.
Sandra, madre de Luiz Fernando, criticó que las cámaras corporales no son suficientes para evitar las muertes: "Los involucrados tienen que ser juzgados y condenados".
Muchas de las críticas fueron dirigidas al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, importante aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y cuya Administración no envió a ningún representante a la audiencia.
De Freitas defendió hace dos semanas la "profesionalidad" de la Policía, atribuyó las muertes a los intentos de las víctimas por resistirse a la detención, y dijo que no le importaban las denuncias hechas por la sociedad civil.