El máximo tribunal respaldó las acusaciones por intento de golpe de Estado contra estas 15 personas, quienes participaron junto a miles de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro en la invasión de las sedes de la Corte Suprema, el Congreso y el Ejecutivo.
La defensa de los acusados sostuvo que estos pretendían participar en un acto pacífico y que, en cualquier caso, no estaban en posición de dar un golpe de Estado.
Sin embargo, el magistrado Alexandre de Moraes, el instructor del caso, consideró que el grupo del que los condenados formaban parte tenía como objetivo derribar al recientemente elegido Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Además, el magistrado apuntó a las pruebas incriminatorias recogidas por la Fiscalía, como mensajes, fotos, videos, y publicaciones en redes sociales hechas por los acusados durante el día de los hechos.
Frente a las investigaciones, Bolsonaro y sus aliados están promoviendo en el Congreso un proyecto de amnistía para los condenados por el 8 de enero, al considerar que las condenas impuestas por la Corte son excesivas.
El propio Bolsonaro es objeto de investigaciones policiales que lo colocan en el centro de una trama para impedir el traspaso de poderes tras perder las elecciones en 2022.