El pasado jueves, medios mexicanos publicaron que Casarrubias Salgado, uno de los implicados en la desaparición de los estudiantes, había quedado en libertad y tenía un estatus de no localizable.
Además, señalaron que en octubre pasado dejó el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya, en el central Estado de México.
"Es falso que José Ángel Casarrubias, se encuentre en libertad", dijo en un comunicado la FGR y salió así al paso de las informaciones que lo declaraban libre.
"Dicho individuo está recluido en un Centro Federal de Readaptación Social, en razón de la causa que se le instruye en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales del Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, en el caso Ayotzinapa; procedimiento que se encuentra en su etapa de instrucción", añadió la Fiscalía.
Por lo que toca a un "asunto independiente del caso Ayotzinapa", en el área de Delincuencia Organizada de la FGR se recibió, en su momento, información oficial de las autoridades estadounidenses, respecto a los delitos contra la salud cometidos por Casarrubias Salgado.
Debido a ello abrió un procedimiento penal correspondiente, donde un juez federal lo vinculó a proceso desde septiembre de 2020, y desde octubre de 2023, "otro juez federal indebidamente dictó sentencia absolutoria, la cual inmediatamente fue apelada por la FGR y se encuentra en trámite".
La FGR puntualizó que "no se ha dictado ningún auto de libertad en favor de dicha persona" y que la información que se ha dado a conocer se refiere a un tema que se determinó hace más de cuatro meses y que actualmente se encuentra en trámite, "y que en nada puede favorecer al procesado para obtener su libertad por los delitos cometidos en el caso Ayotzinapa".
Según la desacreditada versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como 'verdad histórica', los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en un basurero.
En 2018, López Obrador reabrió las pesquisas, se ordenó la captura de militares vinculados al caso y ahora ha admitido la participación del Estado mexicano.
Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen apuntando hacia una falta de voluntad del Gobierno, en tanto que, las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del exfiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.