“Tras las protestas que estallaron en Dakar el domingo cuando los manifestantes se oponían a la suspensión del proceso de elecciones presidenciales, AI pide a las autoridades y a las fuerzas de seguridad que respeten y protejan el derecho de reunión pacífica y se abstengan de recurrir al uso excesivo de la fuerza”, afirmó la directora de AI para el oeste y el centro de África, Samira Daoud.
Daoud añadió que el “corte abrupto” por parte del Gobierno del acceso a Internet a través de datos móviles “constituye un ataque flagrante al derecho a la libertad de expresión y a los derechos de prensa protegidos por la Constitución de Senegal y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos”.
Así, la ONG pro derechos reclamó a las fuerzas de seguridad senegalesas que defiendan "urgentemente" el derecho de las personas a la información, y que garanticen "que no se detiene arbitrariamente a manifestantes y figuras de la oposición política en las manifestaciones".
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El Parlamento de Senegal aprobó la pasada noche el polémico aplazamiento de las elecciones presidenciales, originalmente previstas para el 25 de febrero, hasta el próximo 15 de diciembre, después de que el presidente senegalés, Macky Sall, las pospusiese indefinidamente el pasado sábado.
La decisión de Sall, que ha agotado sus dos mandatos constitucionales y debe dejar la Presidencia el próximo 2 de abril, según la Carta Magna del país, ha desatado fuertes protestas en las calles, a menudo dispersadas por gases lacrimógenos por la Policía.
El mandatario ha defendido su movimiento por "la polémica sobre una candidata cuya doble nacionalidad (francesa y senegalesa) fue revelada tras ser publicada la lista definitiva", algo que la Constitución senegalesa no permite a los aspirantes presidenciales.
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Sall señaló que ese descubrimiento reveló un "presunto caso de corrupción de jueces" que puso en cuestión el proceso de selección de candidaturas.
La inmensa mayoría de la oposición, sin embargo, se ha posicionado en contra del aplazamiento electoral, describiéndolo como un “golpe de Estado constitucional”.