El Consejo Permanente de la OEA, reunido en Washington, aprobó este martes, con el único voto en contra de Guatemala y la abstención de El Salvador, una resolución en la que se declara "alarmado por las insistentes acciones desestabilizadoras" de la Fiscalía del país centroamericano.
El organismo internacional quiere organizar una reunión de ministros de Exteriores del continente americano para abordar la crisis en Guatemala y ha activado el procedimiento para poder enviar una comisión al país.
Para ello, ha encomendado al secretario general, Luis Almagro, que solicite "con urgencia" el consentimiento del Gobierno de Guatemala para recibir una visita de buenos oficios del Consejo "cuanto antes", en lo que supone una invocación explícita del artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana.
En respuesta, el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, dijo en una intervención en vídeo ante el Consejo Permanente que su Gobierno ha respetado los resultados electorales "desde el primer día" y que "no ha tomado acción alguna" para bloquear la transición de poderes.
Por su parte, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, aseguró en una carta difundida este martes que no hay ninguna "acción" que impida que el opositor Bernardo Arévalo asuma el poder en enero, al tiempo que criticó a los funcionarios estadounidenses, a los que acusó de "injerencia".
"En Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos", expuso Giammatei en un comunicado publicado en las redes sociales un día después de que el Minsiterio Público (Fiscalía) entregara al Tribunal Supremo Electoral una investigación que da cuenta de supuestas anomalías en las elecciones que ganó Arévalo.
Además, Giammattei denunció "la manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral". Aunque no lo mencionó de manera específica, el comentario del mandatario saliente está relacionado con la retirada del visado a más de un centenar de diputados guatemaltecos ordenada el pasado lunes por el Gobierno de Joe Biden por "socavar la democracia" del país centroamericano.
Según el Departamento de Estado de EE.UU., la Fiscalía de Guatemala está llevando a cabo "acciones antidemocráticas" en contra del presidente electo, como evidencian las órdenes de arresto contra funcionarios electorales, la solicitud de retirar la inmunidad judicial a Bernardo Arévalo y la pretensión de anular los resultados electorales.
En efecto, el pasado 12 de julio el Ministerio Público inició una serie de acciones judiciales contra Arévalo y su partido. A los pocos días de su triunfo electoral, el presidente electo denunció que la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, estaba impulsando un "golpe de Estado" en su contra junto con "otros actores corruptos", para evitar que tomara posesión el 14 de enero.
Invocación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos
Esta situación ha llevado a la OEA a recurrir a la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 18 establece que "cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del Gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación".
De manera casi unánime, el Consejo Permanente del organismo internacional condenó este martes "el continuo abuso de poder por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala". El secretario general, Luis Almagro, llegó a decir que si el Ministerio Público logra su objetivo, "se perfeccionaría un golpe de Estado, hoy en grado de tentativa".
Aunque a última hora de este martes aún no se conocían respuestas de las Cancillerías americanas a la convocatoria de una reunión de ministros de Exteriores para abordar la crisis en Guatemala, algunos mandatarios ya han expresado su preocupación por lo que consideran intentos de regresión democrática.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó el lunes su apoyo a Arévalo “frente a los intentos de desestabilización e interrupción del proceso democrático”, después de que la Fiscalía guatemalteca solicitara anular los resultados de los comicios presidenciales por supuestas irregularidades.
“Pido urgentemente a la comunidad internacional pronunciarse y defender las instituciones y el orden constitucional guatemalteco que hoy corre peligro. Democracia, siempre. Golpes, nunca”, reclamó el mandatario a través de la red social X.
Además, organizaciones de la sociedad civil, la ONU, la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, han denunciado que la Fiscalía ha construido un caso espurio para anular los comicios e impedir que Arévalo de León suceda el 14 de enero al presidente saliente, Alejandro Giammattei.
Mientras tanto, el gobernante de Costa Rica, Rodrigo Chaves, tiene previsto recibir este miércoles en la Casa Presidencial al mandatario electo de Guatemala. Chaves expresó esta semana en una entrevista con EFE su apoyo a Arévalo de León y calificó de "inaceptables" las acciones que lleva a cabo la Fiscalía de ese país en contra del presidente electo y su partido.
"Es inaceptable. Los guatemaltecos deberían tener la certeza de que el señor presidente Arévalo va a ser oficialmente presidente el 14 de enero, que es la fecha de traspaso", enfatizó Chaves.