En esta primera jornada de esta última fase del proceso, iniciado el pasado 6 de febrero, uno de los jueces de seguridad nacional aseguró que el fallo se conocerá en un plazo de tres a cuatro meses, y que se han reservado 10 días para presentar las últimas pruebas.
Los procesados forman parte de un grupo más amplio de 47 políticos, académicos y activistas acusados de lo que las autoridades describieron como un “malvado complot” para derrocar al Gobierno de la ciudad, y de ser declarados culpables podrían enfrentarse a penas de hasta cadena perpetua.
Durante el procedimiento judicial, 31 activistas se declararon culpables, mientras que el pasado febrero, este grupo de 16 ratificó su inocencia, informó hoy el medio RTHK.
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Entre el casi medio centenar de procesados figuran algunos de los nombres más destacados del movimiento prodemocrático hongkonés, como el líder de las protestas Joshua Wong, el profesor de Derecho Benny Tai – considerado por los fiscales como el “cerebro e instigador” de la “conspiración para subvertir el poder del Estado”- y el veterano activista Leung Kwok-hung, conocido como ‘Pelo Largo’.
Además del juicio por seguridad nacional, a gran parte de los encausados se les han imputado cargos en otros múltiples casos derivados de las protestas de 2019 o de los monumentos prohibidos en memoria de las víctimas de la represión en la plaza pequinesa de Tiananmen en 1989, y algunos de ellos ya cumplen penas de prisión.
Todos ellos están acusados de “conspiración para subvertir el poder del Estado” por organizar, participar y respaldar unas elecciones primarias no oficiales que el bando opositor celebró en julio de 2020 para seleccionar a los candidatos más fuertes y asegurarse una mayoría de la legislatura.
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La fiscalía describió dicha campaña como “un plan ilegal para perturbar, socavar e interferir gravemente en el desempeño de los deberes y funciones del poder político” y destacó su ilegalidad refiriéndose a una declaración de la oficina de enlace con Pekín en la ciudad, que condenaba el acto por violar la ley de seguridad nacional.
Las autoridades pospusieron posteriormente esos comicios, alegando la pandemia de coronavirus, y se celebraron en diciembre de 2021, después de revisar las leyes electorales para limitar estrictamente quién puede presentarse a las elecciones.
Los procesados están acusados de haber pretendido, en caso de ser elegidos, abusar de sus poderes como legisladores para vetar los proyectos de ley presupuestaria, paralizar el funcionamiento del gobierno y, en última estancia, obligar a dimitir a la entonces jefa del ejecutivo, Carrie Lam.
En junio de 2020 Pekín introdujo la ley de seguridad nacional directamente en la mini-constitución de Hong Kong -pasando por alto el poder legislativo local- tras un año de protestas y disturbios antigubernamentales.
En ella se tipifican como delitos la subversión, la secesión, la connivencia con fuerzas extranjeras y los actos terroristas, que se definían en sentido amplio para incluir la perturbación del transporte y otras infraestructuras.
La ley otorga a la Policía amplios poderes, lo que alarmó a demócratas, grupos de la sociedad civil y socios comerciales, ya que este tipo de leyes se han utilizado para silenciar y castigar a los disidentes en China.
Por su parte, las autoridades de la excolonia británica afirman que la normativa ha devuelto la estabilidad y la paz a la ciudad.