El representante del Ministerio Público español informó hoy en la Audiencia Nacional de que debe accederse a la petición de Uruguay para que Ferro sea juzgado en su país como presunto autor de cuatro delitos de privación de libertad, en concurrencia con dos de abuso de autoridad contra detenidos en la época de la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985).
La abogada defensora del exmilitar se opuso a la petición al estimar que conforme al derecho español dichos delitos ya habrían prescrito por el tiempo transcurrido.
Sin embargo el fiscal consideró que en congruencia con las dos decisiones anteriores de la Audiencia, de conceder la extradición a Uruguay y de dar el visto bueno a una primera ampliación de la misma, procede esta segunda solicitada por Uruguay.
El reclamado, que fue arrestado en Madrid en septiembre de 2017, se encontraba en paradero desconocido desde marzo de ese año cuando no acudió por segunda vez a una citación cursada por una jueza uruguaya que investiga la desaparición en 1977 de un militante comunista, Óscar Tassino, a manos del régimen del entonces presidente Aparicio Méndez.
En febrero de 2018 la Audiencia Nacional española acordó su extradición por delitos de lesa humanidad, desaparición forzosa, homicidio, genocidio, torturas y privación grave de libertad y tras su entrega Ferro fue condenado por la justicia de Uruguay a 21 años de cárcel por la desaparición forzada de Tassino.
Tras presentar Uruguay un posterior expediente se acordó una primera ampliación de la extradición en febrero de 2021 por delito continuado de abuso de autoridad contra detenidos en relación con uno de reiteración de lesiones graves.
Ahora la Audiencia Nacional debe resolver una segunda petición de ampliación de la extradición para poder enjuiciarle también por los delitos referidos.
Además de esa desaparición a Ferro se le considera supuestamente implicado en la de los uruguayos opositores a la dictadura Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, que fueron secuestrados en 1978.