Bruselas publicó hoy sus análisis de los borradores presupuestarios de todos los Estados miembros y en el caso de España considera que cumple con la recomendación de limitar a un máximo del 2,6 % el aumento del gasto público neto (sin tener en cuenta el pago de intereses, prestaciones por desempleo o fondos europeos) para conseguir un ajuste equivalente al 0,7 % del PIB.
"Estimamos que el crecimiento del gasto primario financiado con fondos nacionales respeta la tasa máxima de incremento en 2024", afirma el documento, en el que las autoridades comunitarias concluyen que el plan presupuestario cumple "en líneas generales" con los requisitos marcados en primavera.
Por otro lado, la evaluación considera que el presupuesto prorrogado mantiene la inversión financiada con fondos nacionales al tiempo que "continúa garantizando una absorción efectiva" de los fondos del plan de recuperación y de otros programas europeos.
Sin embargo, fuentes comunitarias resaltaron que el "mensaje principal" es que España cuenta todavía con una situación presupuestaria "muy difícil" y que, por tanto, será necesario que "establezca una estrategia fiscal a medio plazo creíble".
De hecho, Bruselas recuerda que, según sus proyecciones, el déficit público seguirá por encima del umbral del 3 % tanto al cierre de 2024 (3,2 % del PIB) como en 2025 (3,4 %), así como que el ratio de deuda superará con creces el límite del 60 % del PIB (106,5 % en 2024).
Estos valores abren la puerta a la apertura de un procedimiento por déficit excesivo en la próxima primavera, una vez que las reglas fiscales de la UE vuelvan a aplicarse ya sea en su versión reformada si los Veintisiete logran un acuerdo o en su versión anterior si no lo consiguen.
En este contexto, el Ejecutivo comunitario reclama al nuevo Gobierno que encabeza Pedro Sánchez que envíe "lo antes posible" unos PGE de 2024 que aborden esta situación.
"Se invita a España a enviar a la Comisión y al Eurogrupo un plan presupuestario actualizado tan pronto como haya un nuevo Gobierno y como norma al menos un mes antes de que el proyecto de ley sea adoptado por el parlamento nacional", reclama.
La Comisión elaboró su análisis sobre el presupuesto prorrogado de España con la información disponible al cierre de octubre y por tanto cuenta con que todas las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la crisis energética expiran el 31 de diciembre, excepto el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.
En consecuencia, no tiene en cuenta el impacto presupuestario que tendrán las medidas que anunció Sánchez en su investidura la semana pasada, como la prórroga de la reducción del IVA para alimentos hasta junio de 2024.
El departamento económico del Ejecutivo comunitario había recomendado en primavera a España eliminar todas las medidas de emergencia que había adoptado para hacer frente a la crisis energética "lo antes posible entre 2023 y 2024", y al mismo tiempo utilizar este ahorro para reducir el déficit público.
En caso de que fuera necesario mantener las ayudas por nuevos aumentos de los precios energéticos, Bruselas apuntó que las medidas de apoyo deberían estar centradas en los hogares y empresas más vulnerables, ser "asequibles" y mantener los incentivos para la reducción del consumo energético.