Los abogados del exmandatario republicano presentaron la solicitud en la Corte Suprema de Manhattan, condado donde se lleva a cabo el proceso judicial, que comenzó el 2 de octubre y se prevé que termine a mediados de diciembre.
"La evidencia de parcialidad aparente y real es tangible y abrumadora", indica el documento presentado por sus abogados Alina Habba, Clifford Robert y Christopher M. Kise, publicado en la plataforma del sistema judicial.
"Tales pruebas, junto con una desviación sin precedentes del procedimiento judicial estándar, han contaminado estos procedimientos y se justifica la anulación del juicio", agregan.
Los abogados argumentan, por ejemplo, que el juez Arthur F. Engoron, demócrata, ha realizado "actividades extrajudiciales" que son "inapropiadas", como incluir artículos sobre el caso en un boletín informativo para exalumnos de su escuela secundaria.
También señalan las donaciones políticas de la asistente legal del juez, Allison Greenfield, que ha sido objeto de ataques personales por parte de Trump.
Las críticas de Trump a la asistente del juez propiciaron que este impusiera una 'orden mordaza' al acusado que le prohíbe hacer comentarios públicos sobre el personal del tribunal, y que ha sido ampliada a sus abogados.
El exmandatario, que también ha criticado con insistencia a Engoron, ha pagado un total de 15.000 dólares en multas después de que el magistrado considerara que se saltó dos veces esa 'orden mordaza' sobre su asistente.
Engoron es quien debe tomar una decisión sobre la solicitud de anulación; se espera que la rechace y que los abogados de Trump hagan una apelación, según medios especializados.
La Fiscalía general del estado acusó a Trump, dos de sus hijos y dos exejecutivos de la Organización Trump de fraude, por inflar el valor de sus activos durante años para obtener condiciones favorables con bancos y aseguradoras.
El cargo principal de fraude fue resuelto en contra de los acusados de manera sumaria antes del juicio, y en el proceso se dirimen cargos relacionados con ilegalidades en la empresa y una compensación por daños que la Fiscalía estima en 250 millones de dólares.