Los responsables de esta iglesia también conocida como la secta Moon reaccionaron así hoy a la decisión del Gobierno la semana pasada, tomada a raíz de las investigaciones abiertas sobre la organización desde que se viera indirectamente vinculada al asesinato en julio de 2022 del ex primer ministro Shinzo Abe a manos de una víctima del credo.
En particular, el Ejecutivo nipón ha solicitado la disolución del grupo bajo la ley de entidades religiosas por considerar que sometía a prácticas abusivas a sus creyentes para obtener fondos. Esta petición será ahora analizada por un tribunal.
El responsable jurídico de la iglesia, Nobuo Okamura, afirmó que se trata de una “decisión lamentable” que “supone una amenaza para los derechos humanos y para la democracia” y que “podría poner a Japón en la misma situación que un régimen totalitario”, en una rueda de prensa celebrada hoy.
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Okamura afirmó que la organización "está haciendo muchos esfuerzos" por ganarse la comprensión del pueblo japonés, señaló que la decisión del Gobierno "no tiene base jurídica" y advirtió de que la iglesia recurrirá a "una larga batalla legal" para evitar que dicha medida salga adelante.
De perder su estatus como organización religiosa, la Iglesia de la Unificación se vería privada de los beneficios fiscales de los que disfruta, aunque podría seguir operando en el país asiático como otro tipo de entidad.
El sistema legal japonés permite a las autoridades pertinentes pedir la disolución como organización religiosa de grupos que cometan actos que dañen sustancialmente el bienestar público.
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Hasta ahora sólo dos organizaciones religiosas han sido objeto de tal orden, una de ellas el culto Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), artífice del ataque con gas sarín en el metro de Tokio de 1995.
Fundada en 1954 en Corea del Sur, la Iglesia de la Unificación es conocida por sus bodas masivas y ha generado controversia en Japón durante décadas por sus exigentes donaciones y la práctica de "ventas espirituales", con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados y por las que le han abierto numerosos procesos judiciales en el archipiélago.
El grupo fue objeto de un nuevo escrutinio tras el asesinado de Abe, tras el cual salieron a la luz numerosas víctimas del credo, especialmente de hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados a manos de sus progenitores para hacer donaciones al grupo o haber padecido penurias económicas como resultado de la bancarrota sus padres.
El propio presunto autor material del magnicidio, Tetsuya Yamagami, confesó haber atacado a Abe debido a los supuestos vínculos del político con el credo, el cual había originado graves problemas a su familia, según su relato.
El foco público sobre la Iglesia de la Unificación tras el asesinato de Abe destapó importantes conexiones entre la política nacional y el grupo, que habría estado organizando campañas de compra o amaño de votos, lo que motivó en su momento una reforma del Gabinete.