En una larga entrevista publicada este jueves por el semanario Le Point, que marca el comienzo del curso político, Macron aborda uno de los grandes objetivos de su Gobierno para los próximos meses, un proyecto de ley sobre la inmigración que tuvo que posponer por falta de apoyos y quiere ahora relanzar.
Su estrategia, después de que el partido de la derecha clásica Los Republicanos modificara el texto inicial del proyecto de ley de su Ejecutivo, es "discutir con todas las fuerzas de oposición que van en la misma línea y construir un proyecto lo más eficaz posible".
El encargado de las negociaciones será su ministro del Interior, Gérald Darmanin. Si no lograra el consenso parlamentario suficiente, el presidente -que no dispone de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional- no descarta recurrir a un mecanismo constitucional (el artículo 49.3) que le permite adoptar una ley por decreto, pero que expone a su Gobierno a una eventual moción de censura.
"Si ese texto quedara bloqueado, no hay que prohibirse nada", avisa al respecto.
Sobre el fondo, aunque niega que Francia esté "sumergida por la inmigración", como denuncia la extrema derecha de Marine Le Pen, considera que "la situación que tenemos no se aguanta y tenemos que reducir la inmigración, empezando por la inmigración ilegal".
Para eso -añade- "más vale proteger nuestras fronteras exteriores europeas porque Francia no es un país de primera entrada, sino sobre todo de inmigración secundaria para extranjeros que entran por otro país de la Unión Europea".
Además, estima que hay que ser más estrictos en la aplicación del asilo para evitar los abusos de los traficantes de personas.
El texto inicial de su gabinete tenía dos pilares, uno para facilitar la regularización de inmigrantes ilegales que lleven al menos tres años en Francia cuando trabajen en sectores con tensiones de mano de obra y la llegada de profesionales titulados en oficios para los que hay una gran escasez (como médicos y enfermeras).
El segundo, y la más importante, prevé dispositivos para dinamizar y facilitar las expulsiones de inmigrantes sin papeles o que hayan sido condenados en Francia, y eso pasa entre otras cosas por reducir drásticamente los plazos en las demandas de asilo para devolver de forma rápida a aquellos a los que no se concede.