Fernando Villavicencio fue asesinado en la tarde del miércoles en un sector muy concurrido de Quito, Ecuador luego de participar en un mitin político en un recinto escolar abarrotado de simpatizantes y aparentemente bajo resguardo policial.
Un grupo de sicarios disparó a quemarropa contra el candidato del movimiento político “Construye”, mientras que uno de los sospechosos del tiroteo detenido en el sitio por agentes policiales y otros civiles falleció en circunstancias poco claras cuando era trasladado a una unidad judicial.
Otros seis sospechosos, también de nacionalidad colombiana como el fallecido, fueron detenidos y sometidos a prisión preventiva con fines de investigación, lo que ha abierto el temor sobre la cobertura que podrían tener las redes del crimen organizado en la región.
Sin embargo, la especialista en seguridad Carolina Andrade recordó que el nivel de violencia en Ecuador “ha venido creciendo de manera progresiva en los últimos años” y que “lamentablemente no ha recibido el tratamiento adecuado de las autoridades”.
Más de dos años de violenta escalada
Y es que la espiral de violencia empezó a girar de manera vertiginosa desde hace un par de años, con frecuentes matanzas carcelarias entre bandas de reos que, según las autoridades, se disputaban el control de las prisiones.
La cruel violencia carcelaria saltó a las calles, sobre todo en provincias de la zona costera, como Guayaquil y Esmeraldas, la primera usada como zona de embarque por bandas de narcotraficantes para el envío subrepticio de drogas a los mayores mercados de consumo en Estados Unidos y Europa.
La inseguridad luego saltó a la política, con el asesinato de un candidato a alcalde de Puerto López en febrero y del alcalde de Manta en julio, así como con los homicidios de otros candidatos municipales y funcionarios de la Justicia.
Tratamiento cuestionado
Andrade, que es secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, atribuyó parte de la situación a la falta de un tratamiento adecuado y de toma de decisiones por parte de las autoridades que dirigen actualmente el país.
Ello también desnuda las dudas sobre la solidez institucional que ya ha sido percibida incluso por la Embajada de Estados Unidos, que hace un par de años denunció la supuesta presencia de "narco-generales" en las fuerzas del orden ecuatorianas, algo que los actuales ministros del Interior y Defensa niegan enfáticamente al asegurar que el narcotráfico no se ha filtrado a esos niveles.
Para la especialista, la "falta de liderazgo" ha llevado a que en el país haya una sensación de "abandono total", que se ha querido resolver desde el Gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso con recurrentes estados de excepción "que no han cambiado nada".
Ello sumado a la "irresponsable inversión en seguridad", cuya ejecución no llega al 8,8 % en este año y que fue nula en 2022, indicó Andrade, que dijo ver con preocupación el futuro si no se corrige el rumbo de inmediato.
Tasa de homicidios al alza
Según Andrade, si la situación se mantiene, Ecuador podría convertirse este año en el más violento de América Latina", pues podría alcanzar una tasa de muertes violentas de 40 por cada 100.000 habitantes.
La especialista está convencida de que debe haber un cambio de rumbo y que una oportunidad de ello se encuentra en las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto, pues dijo que el país requiere de un “liderazgo firme” de autoridades que den prioridad al destino de recursos en función de la seguridad interna.
Para ella, es fundamental declarar una situación de emergencia en seguridad, pero también en el sector social, ya que la pobreza es también una fuente de captación de mano de obra por parte del crimen.
Se debería fortalecer la capacidad de un “sistema de inteligencia tributaria y financiera, para poder identificar de manera preventiva” las fuentes de financiación de la inseguridad, comentó Andrade.
Asimismo, dijo que se requiere un proceso de “depuración decidida de la fuerza pública” y del sistema de justicia, con filtros para cortar el eventual riesgo de penetración del crimen en las instituciones, porque ello ha puesto “riesgo a la democracia y a la propia existencia del Estado”.