Estos lugares eran ya los únicos donde era obligatorio llevar mascarilla, después de que el Gobierno levantara el pasado febrero la moratoria para los transportes públicos.
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El acuerdo, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, subraya “la especial vulnerabilidad de los centros sanitarios” y “la necesidad de reforzar el uso de la mascarilla en determinados contextos”.
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Entre ellos, para las personas que trabajan en unidades de cuidados intensivos y en unidades con pacientes vulnerables; urgencias hospitalarias o de atención primaria, incluida la sala de espera; centros residenciales de mayores y personas con discapacidad y personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos y profesionales que les atienden.
En el caso de las residencias de mayores y personas con discapacidad, el acuerdo insta a tomar “precauciones adicionales en el caso de aparición de síntomas en trabajadores, residentes o visitantes, para evitar brotes y cuidando el bienestar de los mayores, tanto físico como emocional”.
El acuerdo valora el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que, de forma consensuada con la Ponencia de Alertas, considera que la covid-19 “ha sido controlada y, aunque esta enfermedad continúa siendo relevante para la salud pública, ya no supone una situación de crisis sanitaria en España”.