La empresa, que cuenta con tecnología propia y en 2022 atendió 700 casos de clientes de 36 países, acaba de poner en marcha una solución única para la lacra del “cyberbullying” a menores, dice a EFE Macarena López-Roberts, socia y vicepresidenta senior de la firma, que está al frente de la recién abierta oficina de Miami.
López-Roberts explica que el “botón rojo” es una solución de respuesta rápida para padres y centros educativos, deportivos o recreativos frecuentados por menores cuando alguno sufre ciberacoso, un problema cada vez más común entre los niños y jóvenes y que en ocasiones acaba en tragedia.
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“En el momento en el que el menor comunica al padre o al centro que ha salido una foto, un video o un comentario negativo fuera de su entorno privado en Internet, o está sufriendo ciberacoso, los responsables ‘aprietan el botón rojo’ que se conecta con nuestra plataforma, que lo detecta y elimina en horas”, explica.
En 24 horas o a lo sumo 72 desaparecen de la redes sociales los contenidos, ya sean fotos, videos o comentarios negativos, y después RepScan hace un seguimiento para actuar en caso de que se vuelvan a publicar esos contenidos.
“Lo que más daño hace es la viralización del contenido, cuando el video o la foto sale de un entorno privado, viaja por la red y puede acabar en una web de pornografía”, subraya.
El “botón rojo” en EE.UU., el segundo mercado
Estados Unidos es ya el segundo mercado más importante para esta empresa fundada en 2021, que el año pasado multiplicó por 2,6 su facturación con respecto al ejercicio anterior.
La línea de negocio más importante es el análisis, detección y eliminación rápida de la reputación negativa en el ámbito digital, principalmente para empresas pero también para particulares.
“La reputación digital viene de lo que llamamos un análisis de sentimiento, es lo que la red opina sobre nosotros”, explica López-Roberts, especialista en marketing y desarrollo de negocio.
Primero se hace un análisis exhaustivo de la reputación negativa y luego se elabora “una estrategia para valorar los contenidos y la probabilidad de eliminación de cada uno de ellos de manera individualizada y que repercuten de manera negativa”.
El “botón rojo”, personal RepScan
Los que no pueden eliminarse automáticamente con la tecnología de RepScan son sometidos a un “hundimiento”, que no es otra cosa que generar contenidos para desplazarlos a las páginas dos y tres de los motores de búsqueda, donde apenas llega el 3 % de la población.
Cuando se le pregunta cuál es el momento en que una empresa debería contratar un servicio como éste responde que si la reputación negativa está incidiendo directamente en las ventas o hay una “alarma generalizada”.
De acuerdo con un comunicado de la firma, que en diciembre pasado abrió una oficina en Los Ángeles, con su tecnología y personal RepScan es capaz de resolver el 30 % de los casos en menos de 24 horas y el 90 % en un máximo de 27 días naturales, con un índice de éxito del 89,9 % y a un costo accesible.
La empresa advierte que la efectividad de la eliminación de contenidos puede depender de las leyes y regulaciones específicas de cada país, así como de las políticas de cada plataforma o sitio web.
Si los contenidos negativos están en medios de comunicación, interviene el gabinete jurídico para elaborar una base legal para hablar con los departamentos encargados y lograr su eliminación.
No perjudicar a terceros
A la pregunta de si es ético retirar o relegar en Internet contenidos que hablan de cosas negativas de una persona, López-Roberts defiende que el derecho a la reinserción se debe aplicar también al ámbito digital.
Al respecto subraya: “nosotros no tapamos los contenidos. No somos hackers, tratamos de ayudar a que la reputación negativa no impida tener una vida normal”.
“En RepScan cuidamos de nuestra propia reputación. Para ello nos basamos en tres pilares éticos fundamentales: Dar un servicio excelente, no perjudicar a terceros y no falsear la verdad”, agrega.
Sobre las razones de no atender a políticos y cargos públicos, tanto en activo como retirados, y a personas relacionadas con delitos de carácter sexual, racista, xenófobo o religioso (sí a las víctimas) dice: es por “las necesidades especiales que demandan”.