El informe se publica con motivo del primer aniversario este jueves de la muerte de la periodista palestina de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, por un disparo en la cara de un soldado israelí mientras ella cubría, con equipo de protección e identificada como prensa, una redada del Ejército en Yenín, Cisjordania ocupada.
“Es parte de un patrón de respuesta que parece diseñado para evadir la responsabilidad. Ningún miembro del Ejército de Israel ha sido responsabilizado por la muerte de 20 periodistas por fuego militar israelí en los últimos 22 años”, subrayó Robert Mahoney, director de proyectos especiales del CPJ y uno de los editores del informe, titulado “Patrón Mortal”.
Prácticamente todos estos reporteros, 18 de ellos palestinos, murieron mientras hacían su trabajo en Cisjordania y Gaza, áreas palestinas bajo ocupación militar israelí y bloqueada, respectivamente. Al menos 13 de ellos estaban claramente identificados como prensa o estaban dentro de vehículos con insignias de su medio.
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Según cifras del CPJ, el Ejército israelí es responsable del 80% de los asesinatos de periodistas en los territorios palestinos, lo que manda "un mensaje escalofriante" para los trabajadores de medios por parte de las fuerzas israelíes, que "con frecuencia no respetan las insignias de prensa".
Uno de los casos que más conmocionó al gremio fue el del camarógrafo Fadel Shana, quien murió en 2008 mientras cubría el conflicto en la Franja de Gaza para la agencia Reuters. Portaba un chaleco antibalas azul con la inscripción “PRENSA” mientras estaba de pie junto a un vehículo con las palabras “TV” y “PRENSA”, cuando un tanque disparó un proyectil que le atravesó el pecho y las piernas.
Por otro lado, el CPJ, con sede en Nueva York, halló que las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas a manos del Ejército siguen "una secuencia de rutina" que impide el esclarecimiento de los casos y el ejercicio de la justicia.
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"Los funcionarios israelíes descartan las pruebas y las afirmaciones de los testigos, y a menudo parecen absolver a los soldados de los asesinatos mientras las investigaciones aún están en curso", asegura el CPJ, al subrayar que los resultados de las investigaciones israelíes son confidenciales.
Todo esto "socava la libertad de prensa y aumenta las preocupaciones de seguridad para periodistas palestinos y extranjeros", denuncia el organismo.
Por otro lado, el Ejército israelí suele tardar meses o años en investigar los asesinatos, y las familias de los periodistas, en su mayoría palestinos, tienen pocos recursos dentro de Israel para buscar justicia, explica el informe.
Esto mismo ha ocurrido con el caso de Abu Akleh. Israel realizó una pesquisa interna y admitió que sus fuerzas pudieron haber disparado “por error” a la periodista, pero anunció que no abrirá una investigación criminal, al asegurar que sus tropas actuaron correctamente mientras recibían disparos por parte de milicianos palestinos.
Sin embargo, testigos aseguran que no había milicianos palestinos en la zona donde estaba la reportera, e investigaciones independientes de medios como AP, The New York Times o CNN, así como de ONG palestinas e israelíes, determinaron que fue asesinada por un disparo en la cabeza de tropas israelíes.
La investigación oficial de la Autoridad Nacional Palestina -que incluyó un examen forense de la bala letal- llegó a afirmar que el disparo “fue deliberado”, ya que no había ninguna amenaza donde se encontraba Abu Akleh.
En su informe, el CPJ exige a Israel y a la comunidad internacional garantizar investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre los posibles homicidios de periodistas por parte de uniformados, además de abrir investigaciones criminales en los casos de Abu Akleh, y de Ahmed Abu Hussein y Yaser Murtaja, ambos asesinados en 2018 mientras cubría manifestaciones en Gaza.